Han pasado cerca de nueve meses desde que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación las primeras querellas por la fallida adquisición de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad e Santiago.
Desde esas primeras querellas a la fecha, el fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, ha sumado a la carpeta de investigación más de 200 documentos entre informes, peritajes de la PDI y declaraciones.
A ello se suma que el persecutor, gracias a los antecedentes remitidos al tribunal, ya llegó a la conclusión de que el precio que pretendía pagar la administración de Irací Hassler (PC) a la inmobiliaria San Valentino por Sierra Bella estaba miles de millones por sobre lo que correspondía.
MÁS ANTECEDENTES
La investigación de Cooper, según constata La Tercera, fue más allá, ya que buscó establecer si es que las mismas irregularidades que evidenció el intento de adquisición de Sierra Bella, ha ocurrido en otros procesos de compra de la Municipalidad de Santiago, para ello, solicitó «Informar y remitir las adquisiciones efectuadas durante los años 2021 y 2022» y que se le envíen las «tasaciones efectuadas que sirvieron de sustento a dichas adquisiciones».
En ese proceso, el fiscal logró dar con varios antecedentes respecto al caso: «La “compraventa adolece de serios cuestionamientos, principalmente por el precio acordado, el cual no se justifica en lo absoluto, no obstante las tres tasaciones efectuadas al respecto. Llama la atención a esta parte la similitud en el valor final de las tres tasaciones, no obstante la diferencia en el valor de los terrenos que cada uno tiene. Por otra parte, las tasaciones no se ajustan al marco reglamentario tal como lo ha indicado la Asociación de Tasadores de Chile y no contienen fundamentos verificables como lo señala la Contraloría General de la República».
«Llama la atención además que la Ilustre Municipalidad de Santiago haya efectuado diligencias necesarias para adquirir otro inmueble en forma previa (calle Carmen N° 35) por un valor notoriamente inferior y después repentinamente haya desechado tal posibilidad en aras de suscribir, con notoria rapidez, el contrato de compraventa cuestionado por un valor muy superior», señaló Cooper.
Concluyó además que quienes lideraron la compra venta fueron la exdirectora de Salud Beatriz del Carmen Chamorro, el exsecretario de Planificación Luis Antonio Mayorga, y el exdirector Jurídico Jean Pierre Chiffelle.
FELIPE SÁNCHEZ
A lo anterior, se suma un análisis patrimonial al dueño de la inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, realizado por la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía.
A partir de ello se concluyó que desde hace prácticamente 10 años que no regristra declaraciones de Impuesta a la Rente, IVA ni ingresos declarados.
«Sólo se informa en vector externo una ganancia ínfima de renta de capitales mobiliarios. Desde el año 2012 se observa que no tiene presencia o existencia como contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, figura informado en las distintas declaraciones juradas exigidas por el SII, realizando operaciones de compraventa de vehículos usados con habitualidad».
A lo anterior se suma que «compró y vendió bienes raíces, compró dólares por sumas importantes y realizó inversiones en moneda extranjera. También constituyó en el año 2022 la sociedad Inmobiliaria San Valentino SPA con un capital de $100.000.000 y la sociedad Girls Lab SPA».
«El hecho de no presentar declaraciones de impuestos sería indicativo de que no ha declarado, ni pagado, si correspondiera, ningún tipo de impuesto por las operaciones realizadas, lo que se sugiere verificar con el SII», explica Fiscalía.
Desde el organismo también señalan que existe la posibilidaad de que los honorarios de Sánchez durante el añpo 2011 y 2012, hayan sido «ficticios», ya que «o fueron informados al SII en el Formulario 1879 sobre honorarios como corresponde, sumado a que estos montos no tienen ninguna relación con honorarios de los años anteriores y que Felipe Sánchez se tituló como abogado en el año comercial 2013».
«Todo lo anterior subraya la necesidad de indagar respecto de la obtención, respaldo, pagador y justificación de estos honorarios», concluyeron
