Luego de que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, decretara «Estado de emergencia comunal», la diputada Daniela Serrano (CS), junto al concejal, José Seves, se dirigieron a la Contraloría General de la República para que se pronunciara oficialmente frente a la medida y su ilegalidad.
Serrano y Seves señalan que, según la Constitución vigente, decretar Estado de Emergencia no es algo que se encuentre dentro de las atribuciones de los alcaldes.
En ese sentido, la diputada de Convergencia Social acusó: «La medida de decretar un estado de emergencia comunal no responde más que a un populismo. Un populismo que hoy día, en el escenario de incertidumbre, no debe tener cabida».
«Esto es el cumplimiento de los programas de seguridad del Gobierno, no está en nuestro ordenamiento jurídico. Si el municipio de La Florida quiere seguir implementando medidas de seguridad, estamos de acuerdo. Pero se tiene que hacer en coordinación a la legalidad y con el gobierno central», agregó.
En tanto, el concejal, aclaró que «en la ley orgánica constitucional de municipalidades se menciona solamente en dos apartados el tema de emergencia, en ninguna de ellas propone que los alcaldes puedan realizar decretos de emergencia comunal».
«Son facultades del Poder Ejecutivo, del gobierno central, por lo tanto, así como lo ha dicho el contralor, supera sus facultades», constató.
QUE CONTRALORÍA PRONUNCIE ILEGALIDAD
Respecto al por qué llevar el tema a Contraloría, la diputado señaló que «es importante dar certidumbre sobre este proceso. Si se habla de que es un decreto que pueda confundir con los cuatro estados de excepción constitucional que actualmente tiene la Constitución vigente, es importante poder esclarecerlo».
Es por ello que «se va a pedir un pronunciamiento del contralor, para que pueda mencionar si el decreto alcaldicio se ajusta a ley o no, y si está bien fundamentado», señaló el concejal Seves.
«Porque algunas de las estadísticas que él (Carter) muestra son del 2022 y 2021, y el delito según la información que se tiene en bases públicas del CEAD (Centro de Estudios y Análisis del Delito) ha bajado en el año 2023 en los dos primeros trimestres», concluyó.
