Inestabilidad política en Guatemala en la víspera de la investidura presidencial. Guatemala vivió una jornada judicial agitada el jueves 11 de enero, a tan solo tres días de la investidura de Bernardo Arévalo como presidente.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó protección a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, ante posibles órdenes de detención.
El equipo legal de Herrera argumentó que ella goza de inmunidad debido al antejuicio, lo que haría ilegal su eventual detención.
La CC respondió afirmando que Herrera está protegida por inmunidad y ninguna autoridad puede arrestarla.
La decisión de la CC fue recibida con satisfacción por los partidarios de Arévalo, quienes la consideraron una victoria contra los intentos de la fiscal general, Consuelo Porras, de obstaculizar el triunfo del nuevo gobierno.
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Porras, quien ha sido criticada por su cercanía al expresidente Jimmy Morales, ha sido acusada de liderar una campaña para deslegitimar los resultados de las elecciones de 2023, en las que Arévalo derrotó al candidato oficialista.
En ese contexto, la Fiscalía emitió órdenes de captura para cuatro magistrados del Tribunal Electoral, acusados de presuntas irregularidades en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizado en las elecciones.
La jornada judicial evidenció la profunda inestabilidad política que atraviesa Guatemala.
Esta acción fue considerada por las autoridades del tribunal como parte de una persecución destinada a deslegitimar los resultados electorales.
El exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos Girón, fue detenido por no cumplir con una orden de octubre pasado que le exigía reprimir a manifestantes que protestaban contra Porras.
Barrientos Girón, quien renunció durante las protestas sociales, fue arrestado en su residencia de Ciudad de Guatemala y trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.
Estados Unidos reaccionó negativamente a la detención de Barrientos Girón, con Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para América Latina, condenando las acciones de los «actores antidemocráticos» en Guatemala.
