El recurso de inconstitucionalidad, fue presentado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube, en donde se denuncia que la ley «selecciona» a un grupo determinado de personas -los empresarios- para aplicarles un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general.
Desde el Gobierno lamentaron que la CPC intente frenar la entrada en vigencia de una ley que pondría fin a «las clases de ética» como sanción por los delitos de corrupción, colusión o enriquecimiento ilícito.
Los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube -en representación de la Confederación para la Producción y el Comercio– denunciaron «vicios de inconstitucionalidad» en la ley de delitos económicos despachada por el Congreso Nacional el pasado 15 de mayo.
NO QUIEREN CÁRCEL
En el escrito al que tuvo acceso este medio y que se compone de 34 páginas, los profesionales aseguran que la ley vulneraría las garantías penales reconocidas en la Constitución al introducir penas de cárcel para conductas ilícitas como la colusión, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o la malversación de caudales públicos. Lo anterior debido a que el derecho penal debería ser el «último recurso» utilizado por el legislador.
Según el escrito, se asegura que la ley de delitos económicos «selecciona» a un grupo determinado de personas -los empresarios- para aplicarles un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general, lo que atentaría con el derecho constitucional, señalan, a la igualdad entre las personas.
«La mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos», reclaman los empresarios.
«El proyecto de ley presume de derecho -sin que sea admisible prueba en contrario- una ‘culpabilidad muy elevada’ de una persona solo por el hecho de tener ‘posición jerárquica superior en la organización’ al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución», alegan.
