El complejo escenario electoral en Perú sumó un nuevo foco de tensión tras la denuncia penal presentada contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de cuestionamientos por fallas logísticas durante la primera vuelta presidencial.
La acción fue impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que acusa a Corvetto y a otros funcionarios de presuntas irregularidades que habrían afectado el normal desarrollo del proceso electoral. Entre los delitos investigados se incluyen omisión de funciones, demora en actos administrativos y eventual obstaculización del derecho a sufragio.
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El origen del conflicto se remonta a la jornada electoral del 12 de abril, marcada por retrasos en la instalación de mesas y la entrega de material en distintos puntos del país, especialmente en Lima. La situación derivó en largas filas, con esperas de hasta cinco horas, y obligó a suspender la votación en 13 locales, afectando a más de 52 mil electores.
Frente a este escenario, las autoridades optaron por extender el proceso hasta el día siguiente, una decisión inédita que evidenció la magnitud de las fallas operativas y elevó las críticas desde distintos sectores políticos.
INVESTIGACIÓN PARALELA Y POSIBLE SALIDA DEL CARGO
A la denuncia del JNE se sumó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que abrió una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El organismo analizará antecedentes vinculados al desempeño de Corvetto, lo que podría derivar en un proceso disciplinario e incluso en su suspensión.
El jefe de la ONPE cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos, mientras se recopilan antecedentes que permitan esclarecer si hubo negligencia en la supervisión de la logística electoral.
Uno de los puntos clave del conflicto radica en la empresa encargada de distribuir el material electoral, señalada por la ONPE como responsable de los retrasos. Sin embargo, la compañía negó fallas en su operación y aseguró haber cumplido con lo estipulado, abriendo una disputa sobre quién debe asumir las responsabilidades.
ELECCIONES BAJO SOMBRA DE INESTABILIDAD
La controversia se produce en un contexto político particularmente frágil para Perú, país que ha tenido múltiples cambios de gobierno en la última década. En paralelo al conflicto institucional, el conteo de votos mantiene a Keiko Fujimori en primer lugar, seguida por Rafael López Aliaga, en una elección altamente fragmentada.
Más allá de los resultados, el episodio vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del sistema político peruano para garantizar procesos electorales estables y confiables, en un país que busca cerrar un prolongado ciclo de crisis institucional.
#LoÚltimo🚨El procurador del @JNE_Peru , Ronald Angulo, denunció a jefe de la @ONPE_oficial , Piero Corvetto, y otros 3 funcionarios de este organismo electoral por presunto atentado contra el derecho de sufragio, demora de actos funcionales y obstaculización de acto electoral.🧵 pic.twitter.com/1WM92fF4f7
— OjoPúblico (@Ojo_Publico) April 13, 2026
