Nicaragua cierra nueve ONG por falta de transparencia. El gobierno cerró este martes las organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo dos de carácter católico y cuatro evangélicas, por falta de presentación de informes financieros.
La resolución del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que las ONG cancelaron su personalidad jurídica por no presentar detalles sobre sus estados financieros durante períodos que abarcan desde uno hasta 14 años.
Entre las ONG católicas que perdieron su personalidad jurídica se encuentran la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador y la Asociación Misioneros de la Compañía de María (Misioneros Montfortianos). Las ONG evangélicas incluyen la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua.
Asimismo, se ilegalizó la Fundación Societa Dante Alighieri de Nicaragua, centrada en la enseñanza del idioma italiano, la Asociación Niños del Fortín, dedicada al trabajo con niños en riesgo en el departamento de León, al oeste de Managua, y el Club Campestre de la ciudad de Estelí, al norte.
Los activos de las organizaciones serán transferidos al Estado
Según la legislación que regula a las organizaciones sin fines de lucro, los activos de estas nueve asociaciones serán transferidos a nombre del Estado.
Esta clausura se produce en un contexto legal más estricto para las ONG en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado alrededor de 3,500 organizaciones desde 2018.
Además, el Ministerio del Interior aprobó el cierre de otras siete organizaciones a solicitud de sus miembros, quienes alegaron falta de recursos o fondos para sus proyectos. Estas incluyen la Fundación 21 Síndrome de Down Nicaragua, la Asociación Grupo de Profesionales de Apoyo Emocional y varias asociaciones evangélicas.
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Las leyes más rigurosas en Nicaragua se implementaron tras las protestas contra el gobierno en 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El gobierno de Ortega consideró estas protestas como un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, acusando a algunas ONG de financiar las manifestaciones.
