Un grupo de sicarios asesinan a juez en Bolivia y encienden alerta institucional, levantando las alertas del del tipo de delitos.
El hecho sacudió a Bolivia luego de que sicarios asesinaran al magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El ataque ocurrió la noche del jueves, cuando el juez circulaba en su vehículo y fue interceptado por dos sujetos en motocicleta. Desde una de ellas descendió un individuo y le disparó en reiteradas ocasiones antes de huir del lugar.
La víctima, de 49 años, falleció producto de múltiples impactos balísticos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado como un ataque de sicariato.
Investigación en curso
Tras el crimen, la Fiscalía boliviana activó un equipo especial para identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del asesinato.
La policía desplegó operativos en distintos puntos de Santa Cruz, incluyendo retenes y controles, aunque hasta ahora no se ha informado la detención de sospechosos.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, dio a conocer que la autopsia practicada en horas de la madrugada de este viernes, 1 de mayo, por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), arrojó que la víctima recibió los 4 proyectiles de arma de fuego en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo.
Conmoción en el sistema judicial
El asesinato generó una fuerte reacción en el sistema judicial boliviano. El Tribunal Agroambiental calificó el hecho como una “afrenta directa a la independencia judicial”. Otras autoridades advirtieron que el crimen constituye un ataque al Estado de derecho.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia, su presidente incluso habló de una “ausencia de Estado”, reflejando la gravedad institucional que se atribuye al hecho.
Violencia en aumento
El crimen ocurre en un escenario marcado por el aumento de la violencia en Santa Cruz, considerada la principal ciudad económica del país y donde operan bandas vinculadas al narcotráfico.
Según reportes, en los últimos días se han registrado otros hechos violentos, lo que ha intensificado la preocupación por el avance del crimen organizado y su capacidad de influir o presionar a autoridades públicas.
Además, el Tribunal Agroambiental —instancia encargada de resolver conflictos sobre tierras y recursos naturales— suele abordar materias sensibles, lo que podría abrir distintas hipótesis investigativas sobre el móvil del crimen.
Más que un homicidio
El asesinato de un magistrado en ejercicio no es un hecho aislado. Golpea directamente a la estructura institucional y plantea una señal de alto riesgo: cuando la violencia alcanza a quienes administran justicia, el problema deja de ser solo de seguridad.
Pasa a ser un desafío para el Estado de derecho.
