Amplían detención de funcionarios tras el caso de fuga de condenado del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado de Copiapó. Estos permanecen detenidos mientras la Fiscalía de Atacama investiga si existió participación o facilitación de estos en el escape de un joven condenado a 10 años por homicidio calificado.
El Ministerio Público consiguió este sábado que el tribunal ampliara por tres días la detención de los trabajadores, luego de declarar legal el procedimiento policial. La medida permitirá continuar una serie de diligencias antes de que la Fiscalía determine los delitos y hechos por los cuales eventualmente serán formalizados.
La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía Regional de Atacama.
Tres funcionarios detenidos
La causa se abrió después de conocerse la fuga de Néstor Jair Quiñones Hernández, ciudadano colombiano de 21 años que cumplía una condena de 10 años en régimen cerrado por homicidio calificado.
Quiñones cometió el delito cuando todavía era menor de edad, razón por la cual cumplía la sanción bajo el régimen correspondiente a responsabilidad penal adolescente.
Luego de constatar su fuga, el Ministerio Público instruyó diligencias tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros para localizar al condenado y, paralelamente, determinar las circunstancias que permitieron su salida del recinto.
La investigación comenzó a avanzar también hacia una eventual participación de terceros. A partir de diligencias realizadas por la PDI de Copiapó y de las declaraciones tomadas durante las últimas horas, los investigadores detuvieron a tres funcionarios que prestaban servicios en el establecimiento.
La Fiscalía deberá determinar ahora qué participación, si alguna, correspondió a cada uno de ellos.
Fiscalía obtuvo más tiempo para investigar
Los tres detenidos comparecieron este sábado ante el tribunal para el respectivo control de detención. El juez declaró legales las aprehensiones. Sin embargo, el Ministerio Público decidió no formalizar inmediatamente y solicitó ampliar las detenciones debido al “cúmulo de diligencias que se encuentran en desarrollo”.
El tribunal acogió la petición y concedió un plazo de tres días. Durante ese período, la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes destinados a reconstruir cómo se produjo la fuga y establecer si existieron acciones u omisiones de terceros que contribuyeron a ella.
Hasta ahora, los funcionarios permanecen en calidad de detenidos y no existe una imputación formal respecto de su eventual responsabilidad.
Investigaciones paralelas
El caso mantiene abiertas, en los hechos, dos líneas investigativas. La primera busca encontrar al condenado, quien continúa prófugo. Carabineros desplegó personal especializado del SEBV en Atacama y difundió antecedentes para facilitar su ubicación.
La segunda intenta responder una pregunta distinta: cómo una persona que cumplía una condena de régimen cerrado consiguió abandonar el recinto y si recibió ayuda para hacerlo. Esa arista adquiere particular relevancia luego de la detención de los tres funcionarios y de la decisión de radicar las diligencias bajo la dirección de la unidad especializada en anticorrupción de la Fiscalía regional.
Los próximos tres días serán precisamente los que deberá utilizar el Ministerio Público para reunir los antecedentes que permitan determinar si corresponde formalizar a los funcionarios, por qué delitos y cuál habría sido la participación individual de cada uno.
Mientras esa investigación avanza, Néstor Jair Quiñones Hernández continúa prófugo.
Gendarmería en la mira
La investigación sobre la eventual participación de funcionarios en la fuga ocurre cuando Gendarmería enfrenta desde hace meses distintas causas penales relacionadas con corrupción al interior de recintos penitenciarios.
El caso de mayor magnitud fue la denominada Operación Apocalipsis, que en diciembre de 2025 terminó involucrando a 47 funcionarios. Fiscalía investigó una estructura que habría permitido vulnerar controles penitenciarios mediante pagos y que movilizó más de $6.300 millones durante tres años.
En junio pasado, otra investigación desarrollada en Illapel terminó con cuatro funcionarios penitenciarios en prisión preventiva. El Ministerio Público les imputó participación en una organización dedicada al tráfico, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos al recinto.
Los tres funcionarios detenidos ahora en Copiapó no han sido formalizados y esos antecedentes no permiten vincularlos con aquellas causas ni anticipar su responsabilidad. Sin embargo, su detención vuelve a instalar una pregunta que excede este episodio: hasta qué punto el crimen organizado ha conseguido penetrar los controles internos de los establecimientos que precisamente deben mantenerlo encerrado.
