A tercer trámite constitucional pasó el proyecto de Escuelas Protegidas, el cual establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
En concreto, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisarán las modificaciones que hizo la Comisión de Educación del Senado, que fueron respaldadas por el pleno.
Cabe precisar que en el debate parlamentario se expresaron los distintos puntos de vista respecto a la normativa, particularmente sobre el papel que tendrían las policías en los procedimientos de revisión de mochilas, así como la edad de los alumnos a los que les revisarán y la “objeción de conciencia” de los funcionarios de colegios que deben ejecutar la revisión, entre otros aspectos.
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PROYECTO DE ESCUELAS PROTEGIDAS
Desde el Senado informaron que la Sala aprobó la revisión de mochilas en establecimientos educacionales, entre otros aspectos, tras la tramitación en la Comisión de Educación.
“Para resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, los sostenedores podrán incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento”, señala el texto.
Sobre ese punto, se señala de manera clara que en la revisión se “deberá evitar cualquier forma de contacto físico o exposición innecesaria de los involucrados y deberá realizarse en lugares especialmente designados. Queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal y de vestimentas”.
INTERVENCIÓN DE POLICÍAS
Asimismo, “se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos”. Si se encontraran elementos “potencialmente peligrosos”, esto se deberá comunicar inmediatamente a los padres y apoderados del alumno y a Carabineros y PDI.
Si el estudiante se negara, el personal del colegio también “deberá informar de manera inmediata a sus padres y apoderados para que, al menos uno de ellos, concurra a revisar las pertenencias. En tanto, el estudiante deberá permanecer bajo resguardo en un espacio adecuado que deberá ser distinto del de la sala de clases”.
Y si “el padre, madre o apoderado concurre y el estudiante persiste en su negativa, aquel deberá retirar las pertenencias del establecimiento, debiendo el sostenedor informar a la Oficina Local de la Niñez”.
En el texto se señala que los funcionarios de Carabineros y PDI “deberán, sin orden del fiscal y previo requerimiento del personal del establecimiento educacional correspondiente, concurrir a este con el objeto de efectuar el registro de las vestimentas y efectos personales del estudiante cuando exista algún indicio de que el estudiante ha cometido o intentado cometer un crimen o simple delito”.
El documento indica que los reglamentos internos de los colegios “podrán contener prohibiciones de uso de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial. No se aplicará cuando el uso responda a necesidades de salud, necesidades sensoriales o de regulación emocional. Prácticas religiosas o culturales, expresión de identidad de género y necesidades de carácter climatológicas, entre otras”.
