Mara Sedini: Hay que investigar el mensaje no matar al mensajero. La reaparición pública de la exministra vocera Mara Sedini parece haber instalado precisamente ese escenario.
No es un secreto que su desempeño como secretaria general de Gobierno fue objeto de severas críticas. Incluso, desde estas mismas líneas se representó su cuestionada gestión. Esta, estuvo marcada por conflictos, errores comunicacionales y un progresivo aislamiento político que terminó con su salida del gabinete. Ese juicio político puede ser compartido o discutido. Pero pertenece a un plano distinto.
Porque una mala ministra no necesariamente miente. Del mismo modo, una buena autoridad tampoco dice siempre la verdad. Confundir ambas dimensiones constituye un error que empobrece el debate democrático.
Las denuncias formuladas por Sedini presentan una debilidad evidente. Hasta ahora aparecen desprovistas de antecedentes concretos que permitan verificarlas. No entrega documentos, no individualiza responsables ni aporta elementos objetivos que permitan sostener acusaciones de la gravedad que desliza.
Desde esa perspectiva, sus declaraciones no pueden aceptarse como verdades por el solo hecho de haber ocupado un alto cargo de Gobierno. En un Estado de Derecho, las afirmaciones requieren respaldo, especialmente cuando aluden a eventuales irregularidades o delitos.
Sin embargo, existe una segunda cara de esta discusión.
Resulta llamativo que buena parte de las reacciones oficiales se concentren en calificar a la exministra como «traidora», cuestionar su lealtad o reprochar la oportunidad de sus declaraciones, antes que desmentir categóricamente los hechos que afirma haber conocido al interior de La Moneda. «Traición a la patria«, «debe aprender que la política es así» u otras supuestas «explicaciones», no hacen más que ratificar los dichos de Sedini.
La lealtad política puede ser una virtud. Pero no constituye una respuesta frente a denuncias de interés público. Si una afirmación es falsa, corresponde demostrar su falsedad. Si es verdadera, corresponde investigarla. El calificativo dirigido contra quien la emite no resuelve ninguna de esas dos tareas.
Más aún cuando diversas reacciones surgidas desde el propio oficialismo —muchas de ellas bajo reserva de identidad u «off the récord»— han transmitido la impresión de que el clima descrito por la exvocera no resulta completamente ajeno para quienes conocen el funcionamiento interno del Gobierno. Ello, por supuesto, tampoco constituye prueba. Pero sí demuestra que la discusión merece algo más que descalificaciones personales.
No es lo mismo un discurso que una conducta.
Este gobierno construyó su relato sobre transparencia, probidad y estándares éticos. Lo relevante no es la belleza del discurso, sino la coherencia entre ese discurso y los hechos. La confianza pública no se sostiene sobre declaraciones, sino sobre comportamientos verificables.
Por eso, si entre las afirmaciones existen referencias que pudieran configurar hechos jurídicamente relevantes —como un eventual tráfico de influencias, presiones indebidas u otras conductas incompatibles con la función pública— la obligación institucional no consiste en defender la imagen del Gobierno, sino en esclarecer los hechos.
Lo verdaderamente relevante no es si Mara Sedini fue una buena o una mala ministra. Lo relevante es que varias de sus afirmaciones describen, al menos en apariencia, mecanismos que, de comprobarse, constituirían manifestaciones de corrupción en el ejercicio del poder. Precisamente por esa gravedad, el debate no puede agotarse en cuestionar a quien denuncia ni en exigirle lealtad política. Debe trasladarse al terreno donde corresponde: la verificación objetiva de los hechos.
La democracia no exige creer ciegamente a quien denuncia. Tampoco exige proteger ciegamente al poder.
Exige investigar.
Ese principio protege tanto al denunciante como al denunciado. Porque una investigación seria puede acreditar responsabilidades, pero también puede descartar acusaciones infundadas. Lo verdaderamente peligroso sería instalar una lógica distinta: que la credibilidad de una denuncia dependa exclusivamente del cariño o del rechazo que produzca quien la formula.
Las democracias maduras juzgan los hechos. Las débiles se conforman con juzgar a las personas. Y entre ambas existe una diferencia decisiva: las primeras buscan la verdad; las segundas únicamente buscan un culpable conveniente.
La Contraloría General de la República tiene el deber de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración. Si las afirmaciones apuntan a eventuales desviaciones de poder, uso indebido de recursos públicos, presiones administrativas, incumplimientos de deberes funcionarios o infracciones al principio de probidad, el órgano contralor no necesita esperar que exista una sentencia penal para actuar. Puede iniciar investigaciones, auditorías o requerir antecedentes dentro del ámbito de sus atribuciones.
El Ministerio Público, por su parte, tiene el monopolio de la investigación penal. Si de las declaraciones pudiera desprenderse la eventual comisión de delitos —tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, revelación de secretos u otros—, corresponde determinar si existen antecedentes mínimos para abrir una investigación. No porque Sedini tenga razón, sino precisamente para establecer si la tiene o no.
El problema no es creerle a Mara Sedini. El problema sería que el Estado decidiera no averiguar si dice la verdad.
