El ministro de la secretaría general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, reconoció que el gobierno esperaba otra disposición del Congreso ante el proyecto de la reforma constitucional de seguridad.
«Debimos haber tenido una mejor recepción», afirmó.
Agregó que «hoy día, en el Congreso, hay tres proyectos de reforma constitucional presentados por distintos parlamentarios, algunos de ellos transversales, para crear estados de excepción constitucional distintos a los que ya existen».
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«Entonces: ¿era esta una idea tan nueva? ¿Era esta una idea tan distinta? ¿No se hace eco de inquietudes parlamentarias?», cuestionó.
DISTINTAS URGENCIAS
En Estado Nacional de TVN, García aseguró que «nosotros estamos abiertos a que el proceso legislativo sea lo más informado y también lo más participativo posible».
Al respecto, especificó que, como la suma urgencia de la moción vence los primeros días de septiembre, «vamos a tener que renovar la urgencia».Si es más larga, igual o urgencia simple aún no se sabe, pero -dijo- «estamos en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para que la reforma avance».
Añadió que «nosotros ahora estamos en la etapa del trabajo legislativo. Los parlamentarios, senadores, diputados tienen que hablar, tienen que señalar sus críticas, tienen que también hacer sus planteamientos. Ellos son absolutamente colegisladores y lo bueno, además, de la reforma constitucional, es que no requiere la iniciativa del Presidente de la República. Ellos pueden presentar indicaciones».
ESTADO DE EXCEPCIÓN
García enfatizó en la necesidad de contar con el nuevo estado de excepción planterado en la reforma. Sobre su plazo, aclaró que «desde el día uno dijimos que eso quedaba a la discusión parlamentaria, y, por lo tanto, nosotros estamos disponibles a que, si hay consenso entre los parlamentarios, se puedan disminuir los días».
Respecto de la inhabilidad de acceder a beneficios estatales para condenados por delitos relativos a crimen organizado y conductas terroristas, el ministro anticipó que persistirán en «algunos» de esos puntos.
«Repito de que va a ser muy importante la discusión parlamentaria. Yo creo que la opinión de la ministra Chomalí respecto de salud, que es un derecho permanente, no creo que vayamos a innovar ahí, pero naturalmente es distinto que una persona que ha sido condenada por estos delitos, por crimen organizado o por terrorismo, vaya a tener acceso a eventuales beneficios», dijo el ministro.
