En su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, reiteró sus principales advertencias sobre el proyecto de megarreforma que impulsa el Gobierno.
Junto con el vicepresidente del organismo, Sebastián Izquierdo, profundizó el análisis preliminar que el Consejo había realizado el pasado 5 de mayo ante la Cámara de Diputados.
A juicio del CFA, el proyecto presentará déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso si se incorpora el efecto positivo del mayor crecimiento económico que la iniciativa busca impulsar.
Lea también: Sierra Bella: Hassler se querella contra Desbordes por denuncia calumniosa
«Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada», dijo Benavides.
La proyección no es nada auspiciosa.
FRANQUICIA SENCE
Desde que el CFA presentó su análisis inicial a la Cámara Baja, el proyecto tuvo cambios que se reflejaron en tres nuevos informes financieros y, «en conjunto, los cambios implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 puntos porcentuales del PIB a partir del segundo año, respecto del proyecto original», advirtió.
Según el CFE, esto dice relación principalmente con la exclusión de la eliminación de la franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), modificación que deteriora el resultado del proyecto en 0,1 puntos del PIB a partir de 2027.
En todo caso, para el Consejo Fiscal Autónomo, el riesgo transversal del proyecto es el desajuste temporal entre sus costos y sus beneficios fiscales. Los primeros —menores ingresos tributarios y nuevos gastos— se materializan con certeza desde el primer año de vigencia. Los segundos —mayores ingresos derivados del crecimiento— son graduales e inciertos.
«De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal», advirtió el organismo.
RIESGOS DIRECTOS
Según el CFA hay ocho riesgos de efecto directo que se mantienen pese a las modificaciones en la megarreforma.
El primero es la rebaja de la tasa del Impuesto de Primera Categoría, cuyo costo no estaría compensado por el mayor crecimiento que generaría la medida. Segundo, el crédito tributario al empleo, con alto costo fiscal efectivo y riesgo de inconsistencia con otras estimaciones. En tercer lugar planteó la compensación al Fondo Común Municipal, que podría generar una presión fiscal de carácter permanente.
A continuación mencionó las medidas de probidad por licencias médicas, que podrían generar un menor ahorro fiscal del estimado y un costo no contemplado y el aumento de cupos por incentivo al retiro, cuya materialización del ahorro fiscal no estaría garantizada.
A juicio de la CFA otro riesgo lo constituyen las sanciones al contrabando de tabaco, que podrían rendir menos recaudación que la esperada; el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que no cuenta con cláusula de gasto máximo, además de los impuestos sustitutivos y la repatriación de capitales, donde la reiteración de medidas transitorias de regularización podría debilitar el cumplimiento tributario en el mediano plazo.
NEUTRALIDAD FISCAL
La recomendación del CFA fue que el proyecto de megarreforma avance hacia la neutralidad fiscal en el corto y mediano plazo, asegurando un calce adecuado —tanto en magnitud como en temporalidad— entre los menores ingresos tributarios y las medidas compensatorias.
Respecto del cómo hacerlo, sugirió evaluar modificaciones en gradualidad, aplazamiento, fechas de término, límites de montos y mejoras en la relación costo-efectividad de las medidas de mayor impacto.
Asimismo, instó a concretar «un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal» que se refleje en las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo, incluyendo este proyecto de ley.
Además advirtió respecto de la iniciativa que establece un reembolso del IVA por compra de pañales y medicamentos, lo que implicará un gasto fiscal adicional de 0,02% del PIB en régimen.
