La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió aplicar las sanciones más severas contempladas en la normativa vigente contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario Rodrigo Ortúzar, en el marco de un sumario por faltas graves a la probidad y al deber funcionario. La decisión incluye la suspensión de ambos por 60 días y el inicio formal de sus procesos de remoción.
MÁXIMAS SANCIONES POR INFRACCIONES LEGALES
Según el documento oficial, el tribunal determinó que tanto Yáber como Ortúzar incurrieron en infracciones al artículo 544 N°4 del Código Orgánico de Tribunales y a la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública. Por ello, se les impuso la máxima sanción disciplinaria aplicable a auxiliares de la administración de justicia: la suspensión de sus funciones por 60 días.
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La resolución agrega que, dada la gravedad de los hechos constatados, se dispone además iniciar el procedimiento de remoción de ambos cargos, lo que abre la puerta a su eventual destitución definitiva.
RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS
El fallo también estableció distintos niveles de responsabilidad entre los involucrados. La Corte absolvió a Claudio Barrena de los cargos, mientras que sancionó a Fernando Martel con una multa de cinco Unidades Tributarias Mensuales (UTM), al considerar que su participación tuvo menor gravedad en los hechos investigados.
La Corte evaluó individualmente las conductas, en base a la investigación liderada por la fiscal judicial Carla Troncoso, que reunió antecedentes desde fines de 2025.
TRANSFERENCIAS BAJO SOSPECHA
Uno de los elementos centrales del caso es el pago de $15 millones realizado por Ortúzar a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. El tribunal consideró que la transferencia carecía de justificación plausible y coincidía con postulaciones a cargos en el sistema judicial, configurando un indicio de eventual favorecimiento indebido.
Este antecedente fue clave para sustentar la gravedad de las sanciones, en un contexto donde se cuestionan los mecanismos de acceso a cargos notariales y judiciales.
CAMINO ABIERTO A LA CORTE SUPREMA
La resolución establece que, una vez ejecutoriadas las sanciones, los antecedentes deberán ser comunicados a la Corte Suprema, conforme a las normas de responsabilidad disciplinaria del Poder Judicial. Asimismo, las defensas pueden apelar, lo que mantiene abierto el desenlace del caso en instancias superiores.
Con este fallo, la Corte de San Miguel refuerza los estándares de probidad en el sistema notarial y envía una señal institucional frente a eventuales irregularidades en procesos de nombramiento dentro del Poder Judicial.
