Cuestionan mensaje de Kast si se designa a Trinidad Steinert en embajada o cargo diplomático. El costo que pagaría el gobierno sería delicado, reconocen desde el propio oficialismo y desde la oposición.
Aunque el canciller Francisco Pérez Mackenna confirmó que su nombre figura entre las alternativas para asumir una agregaduría en Perú, sugirió que se está evaluando una agregaduría en seguridad para la exfiscal.
La sola evaluación bastó para reactivar críticas tanto en el oficialismo como en la oposición, donde varios parlamentarios cuestionaron la conveniencia política de reincorporar a una exautoridad cuya salida estuvo precedida por uno de los episodios institucionales más complejos que ha enfrentado el Gobierno.
Una gestión marcada por las controversias
Steinert llegó al Ministerio de Seguridad desde la Fiscalía Regional de Tarapacá. Su designación desde un comienzo despertó cuestionamientos respecto del momento en que comenzaron los contactos con el entonces presidente electo Kast y la eventual existencia de incompatibilidades con investigaciones que aún se encontraban bajo su responsabilidad.
Su permanencia en el gabinete se extendió por poco más de dos meses. Durante ese período enfrentó sucesivas controversias. Los cuestionamientos por la salida de la entonces jefa de Asuntos Internos de la PDI. Los roces con el Ministerio Público en que se atribuyó públicamente el éxito de procedimientos policiales dirigidos por fiscales y policías. Y, claro, el conflicto institucional que terminó enfrentándola con la Contraloría General de la República.
Su salida del gabinete no logró cerrar esa etapa.
El dictamen de Contraloría
El punto más complejo llegó cuando la Contraloría concluyó que Steinert actuó fuera de sus atribuciones al requerir antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones respecto de funcionarios vinculados a una investigación que ella había conocido previamente como fiscal regional.
El organismo sostuvo que debió abstenerse de intervenir en esa materia, observación que la exministra intentó revertir mediante una solicitud de reconsideración, procedimiento que aún permanece pendiente.
Pese a ello, el Gobierno comenzó a evaluar su eventual reincorporación al servicio exterior.
El oficialismo cuestiona
Desde el oficialismo surgieron voces que pidieron esperar la resolución definitiva de la Contraloría antes de avanzar en cualquier designación. Otros parlamentarios manifestaron que el regreso de Steinert podría transformarse en una señal políticamente inconveniente para el Ejecutivo.
El jefe de bancada de RN, Diego Schalper señaló: “Yo la verdad es que creo que en ese caso en particular hay que frenar esas decisiones”. Por su parte, vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN), planteó que “es una decisión que tiene que esperar la nueva respuesta de Contraloría. Falta que todavía termine el proceso. Sería aventurarse hacer un nombramiento de este tipo antes de que esté el nuevo pronunciamiento”.
El también diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue aún más allá y afirmó que “yo tengo entendido que por un comentario que había en el pasillo de que esa idea estaba descartada, por lo tanto no me pongo en el escenario de que el gobierno tenga que enfrentar esa política (…). Yo creo que esa idea está desechada y estoy de acuerdo con que se haya desechado”.
Por último la diputada Gloria Naveillán señaló: “Pretender nombrar a alguien que está en la mitad de una polémica por un eventual mal uso de sus facultades, con la Contraloría, me parece que francamente es un poco tirado de las mechas (…) Para qué se meten en las patas de los caballos”, dijo la diputada Gloria Naveillán.
Desde la oposición fustigan al gobierno
En la oposición, en tanto, recordaron que el dictamen del órgano contralor incluso abrió el debate sobre una eventual acusación constitucional cuando la exministra aún ejercía el cargo. La diputada Tatiana Urrutia dijo que “el Presidente Kast parece empeñado en hundir la reputación de Chile. Ha recorrido el extranjero diciendo que nuestra economía está enferma y ahora está evaluando enviar al exterior a una exministra de la cual la Contraloría fue categórica al señalar que actuó fuera de la ley”.
“En vez de seguir profundizando el daño a la imagen del país con nombramientos polémicos, lo mínimo sería actuar con prudencia y esperar el resultado de la Comisión Investigadora. Más aún cuando hasta el 15 de agosto sigue abierta la posibilidad de una Acusación Constitucional, dependiendo de los antecedentes que conozcamos”, apuntó.
Desde la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), calificaron como “impresentable” y “un error profundo” la eventual designación. Según los parlamentarios, esta decisión contradeciría el discurso de probidad de la administración vigente. En esa línea, insistieron en que es urgente despachar la “ley antipitutos”, que tiene como objetivo eliminar el nepotismo y el favoritismo político dentro del Estado.
«El Gobierno comete un error profundo si pretende transformar nuestras embajadas en un refugio de impunidad y en premios de consuelo financiados por el bolsillo de todos”, remató el diputado PDG Patricio Briones.
Más allá del nombramiento
El eventual regreso de Trinidad Steinert trasciende la designación de una agregaduría en Perú o en cualquier otra representación del Estado.
Abre interrogantes que el propio Gobierno deberá responder. ¿Cuál es la señal que transmite el Ejecutivo? ¿Qué le dice a la ciudadanía? ¿Está cuestionando el dictamen de la Contraloría? ¿A quién busca proteger? ¿Cuál es el estándar que el propio Gobierno está dispuesto a exigirse cuando decide reincorporar a una autoridad objetada por el órgano encargado de controlar la legalidad de los actos de la Administración?
