Diputados aprobaron el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos, para quienes hayan cometido delitos de corrupción.
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La norma aprobada indica que estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
INHABILIDAD DE POR VIDA
En este sentido, se establece que cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada.
Para estos efectos, se consideran delitos de corrupción, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
La iniciativa establece que los afectados con la aplicación de esta sanción, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, podrán solicitar al Senado su rehabilitación, una vez transcurridos 15 años.
INDICACIÓN RECHAZADA
La Sala rechazó una indicación que buscaba decretar, además, la pérdida de la ciudadanía para el condenado; la que no prosperó por no alcanzar el quorum de aprobación requerido.
En específico, esta indicación ampliaba el catálogo de delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano y por consiguiente el derecho a voto. Agregaba a ellos, los de malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho
