El presidente del Centro de Generales en Retiro, José Gaete Paredes, abordó el eventual despliegue de las FF.AA. frente al crimen organizado y planteó que cualquier intervención militar debe desarrollarse bajo una conducción propia, con atribuciones claras y respaldo jurídico.
A juicio de Gaete, la presencia de efectivos militares en las calles actualmente no genera un efecto disuasivo sobre delincuentes y grupos terroristas, debido a la falta de certezas respecto de las facultades con que podrían actuar.
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“Los militares en Chile en las calles hoy no son disuasivos, porque los delincuentes y los terroristas saben perfectamente que no tienen apoyo político ni jurídico para actuar como tales”, sostuvo.
“Las FF.AA. no pueden subordinarse a las policías”
El general (r) explicó que el Ejército está preparado principalmente para enfrentar amenazas de carácter militar, por lo que antes de disponer su participación en tareas de seguridad se debe determinar la naturaleza de la amenaza.
En ese sentido, planteó que si determinadas organizaciones criminales comienzan a utilizar armamento y capacidades propias de una fuerza militar, la situación cambia.
“Si el crimen organizado empieza a tener organización y sistemas de armas bélicas, ametralladoras, morteros, etcétera, se han transformado en una amenaza militar. Ahí hay que enfrentarla con las FF.AA.”, afirmó.
Gaete también marcó distancia con la posibilidad de que los militares queden bajo dependencia operacional de Carabineros.
En entrevista con La Segunda Gaete agregó que «las FF.AA. tienen que actuar bajo el mando de una conducción militar. No se pueden subordinar a las policías, porque pierden su esencia. Si el Gobierno decide emplearlas en un territorio determinado, debe hacerlo con todas sus facultades».
El respaldo jurídico como condición
Para el exuniformado, uno de los principales obstáculos para utilizar fuerzas militares contra organizaciones criminales es la falta de un marco jurídico que entregue claridad respecto de sus actuaciones.
Gaete sostuvo que los efectivos militares necesitan contar con reglas claras antes de ser enviados a zonas donde puedan enfrentar resistencia armada.
“Es vital generar el respaldo jurídico necesario para poder emplear esa fuerza militar como tal”, señaló.
En esa línea, advirtió que una eventual intervención de las FF.AA. no puede confundirse con una labor policial convencional, debido a las diferencias en formación, equipamiento y objetivos.
“Cuando la fuerza militar sea empleada, habrá muertos”
Gaete fue enfático al referirse a las consecuencias que podría tener una intervención militar en sectores donde exista resistencia armada.
“No se trata del gatillo fácil. Si el Estado resuelve emplear la fuerza militar, va a ser empleada la fuerza militar. Por lo tanto, cuando la fuerza militar sea empleada, va a haber muertos”, afirmó.
Según explicó, el uso de armamento militar en sectores densamente poblados implica riesgos para terceros, debido al alcance y poder de fuego de los sistemas utilizados por las instituciones castrenses.
“Si me atacan con armas de fuego, yo debo responder con superioridad de fuego a esa amenaza. Si disparo un fusil de guerra en una población, ese proyectil puede atravesar tres o cuatro casas”, ejemplificó.
Un empleo excepcional
El presidente del Centro de Generales en Retiro reconoció que las FF.AA. podrían cumplir determinadas funciones de apoyo, pero insistió en que se trataría de un empleo excepcional y acotado.
«No están preparadas para un empleo policial. Están preparadas y equipadas para un empleo militar. Ahora bien, pueden tener un rol diferente, pero muy momentáneo», sostuvo.
Gaete recordó que el entrenamiento de los soldados está orientado a funciones militares específicas, como el manejo de vehículos blindados, ametralladoras, sistemas de misiles, comunicaciones y otros equipos especializados.
Por ello, sostuvo que asignarles tareas de seguridad pública exige considerar previamente cuáles serán sus reglas de actuación y qué tipo de amenazas deberán enfrentar.
Críticas a la falta de respaldo
Otro de los puntos planteados por Gaete fue la necesidad de entregar respaldo político y jurídico a los funcionarios que participen en operaciones de seguridad.
El general (r) cuestionó que, pese a los anuncios de apoyo a las policías y a las FF.AA., todavía no existiría, a su juicio, una señal suficiente respecto de las condiciones en que los efectivos podrán utilizar la fuerza.
“El Gobierno actual ha prometido su apoyo a las Fuerzas Policiales y las FF.AA., pero hasta ahora eso no se ha materializado”, afirmó.
En su opinión, las decisiones sobre el empleo militar deben considerar también las consecuencias posteriores para quienes ejecuten las operaciones.
¿Dónde está el límite?
Gaete reconoció que establecer una frontera precisa entre delincuencia común y una amenaza de carácter militar puede resultar complejo, especialmente considerando el acceso de organizaciones criminales a armas de fuego.
“Cualquier grupo delictual, incluso jóvenes menores de edad, usa pistolas de 9 milímetros. Universalmente esas pistolas se llaman ‘para bellum’. El límite es difícil de definir”, comentó.
Por ello, planteó que el Estado debe determinar con claridad cuándo una organización criminal supera las capacidades propias de la delincuencia convencional y pasa a representar una amenaza que requiera la intervención de las FF.AA..
A su juicio, esa definición resulta fundamental para establecer qué institución debe intervenir, bajo qué mando y con cuáles facultades.
