El ex carabinero, Claudio Crespo volvió a generar controversia luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) criticara la decisión judicial que confirmó su absolución en el caso Gustavo Gatica. El organismo expresó su preocupación por los efectos que podría generar el fallo.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado en la causa y dejó firme la sentencia que absolvió al exteniente de Carabineros.
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La investigación buscaba establecer la responsabilidad de Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego al actual diputado Gustavo Gatica durante el estallido social.
Tras conocerse la resolución, el presidente José Antonio Kast valoró públicamente el fallo mediante una publicación en su cuenta de X.
El Mandatario sostuvo que la justicia confirmó la inocencia de Claudio Crespo y afirmó que el exfuncionario actuó en legítima defensa.
Molestia en el INDH
Las declaraciones del Presidente generaron una respuesta del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetic.
En conversación con Radio 13C, Ljubetic afirmó que el jefe de Estado tiene derecho a expresar su opinión sobre la resolución judicial.
No obstante, aclaró que el INDH mantiene una posición distinta respecto de la decisión adoptada por los tribunales. El director explicó que el organismo analiza el caso desde una perspectiva de derechos humanos.
En ese contexto, señaló que el instituto discrepa del contenido del fallo y observa con preocupación las consecuencias que podría provocar.
Ljubetic sostuvo que el caso deja abierta una discusión sobre la protección de los derechos fundamentales y la responsabilidad en procedimientos policiales.
Añadió que el hecho de que una persona sufriera lesiones permanentes sin que existiera una condena constituye un elemento que merece análisis.
El director del INDH insistió en que esa situación fundamenta la postura crítica del organismo frente a la sentencia.
La resolución judicial que favoreció a Claudio Crespo puso fin al proceso penal iniciado tras los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019.
El fallo también reabrió el debate público sobre el uso de la fuerza policial y el alcance de la legítima defensa en procedimientos de orden público.
Mientras el Gobierno respaldó la decisión de la justicia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reiteró que continuará observando este tipo de casos desde la óptica de la protección de las garantías fundamentales.
