El presidente José Antonio Kast anuncia la creación de un Rol Único de Vándalos a quienes se les restringirían beneficios sociales.
Kast anunció la creación del denominado Rol Único de Vándalos (RUV), una herramienta que buscará registrar a personas responsables de actos de vandalismo, daños a bienes públicos y otras conductas consideradas «incivilidades».
La medida forma parte de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo y apunta a fortalecer la persecución de quienes participen en hechos que afecten el orden público o provoquen daños a infraestructura estatal y privada.
Según explicó el Mandatario, la iniciativa permitirá identificar a los responsables y aplicar consecuencias adicionales más allá de las sanciones penales o administrativas que correspondan en cada caso.
¿Qué es el Rol Único de Vándalos?
La propuesta –que estuvo en la campaña-, contempla la creación de un registro nacional que concentrará antecedentes de personas involucradas en «conductas calificadas como vandalismo».
Entre los hechos mencionados por el Gobierno aparecen daños a mobiliario urbano, destrucción de bienes públicos, rayados, barricadas, ataques a infraestructura y otros actos asociados a desórdenes o incivilidades.
El objetivo declarado por La Moneda es evitar que quienes generan costos para el Estado y para la comunidad continúen accediendo a determinados beneficios financiados con recursos públicos.
Restricciones a beneficios estatales
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio corresponde a las consecuencias asociadas al registro.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ejecutivo, las personas incorporadas al RUV podrían enfrentar restricciones para acceder a distintos programas, subsidios o beneficios estatales.
El detalle de esas limitaciones deberá quedar establecido en el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, instancia donde probablemente se concentrará buena parte del debate político y jurídico.
Las interrogantes que abre la iniciativa
La propuesta también plantea preguntas respecto de su implementación práctica. También si acaso no es una manera velada de sancionar la protesta social pacífica. ¿Quién resuelve sobre la conducta de «incivilidad»?
Uno de los puntos centrales será determinar qué tipo de resolución permitirá incorporar a una persona al registro. La discusión incluye si bastará una sanción administrativa o si será necesaria una sentencia judicial firme.
Otro aspecto relevante será definir la duración de la inscripción, los mecanismos de revisión y las vías de apelación disponibles para quienes consideren improcedente su incorporación. Especialistas también anticipan un debate sobre proporcionalidad y debido proceso, especialmente si las restricciones terminan afectando prestaciones estatales de diversa naturaleza.
¿Seguridad o autoritarismo?
Las dudas no terminan allí. ¿La eventual pérdida de beneficios tendrá una duración determinada o podrá extenderse indefinidamente? ¿Existirá la posibilidad de salir del registro una vez cumplido cierto plazo o corregida la conducta? ¿Estamos frente a una sanción adicional por determinadas acciones o ante una nueva condición administrativa que podría modificar la relación de una persona con el Estado durante años? Son interrogantes que trascienden la discusión sobre seguridad pública y que apuntan directamente a los límites, alcances y controles del poder sancionador estatal.
«Nosotros las vamos a tipificar»
Desde el Gobierno sostienen que la medida busca fortalecer la responsabilidad individual frente a conductas que generan daños materiales y costos para toda la sociedad.
El subsecretario Pavez reveló este 31 de mayo que oficializarán la propuesta dentro del plan de Seguridad del gobierno, comentando: “esto es una primicia, pero el Presidente nos pidió, hace algún tiempo atrás, trabajar un proyecto de ley, que básicamente lo que va a hacer es, por un lado, aquellas personas que cometan delitos que se equivalen a actos vandálicos, ingresarlos a un registro para que pierdan beneficios sociales»
La propuesta ahora deberá iniciar su recorrido legislativo. Allí se definirá no solo la viabilidad política del proyecto, sino también los límites jurídicos de una iniciativa que busca convertir el acceso a determinados beneficios estatales en una herramienta adicional de sanción frente a conductas consideradas lesivas para la convivencia pública.
