Los diputados Juan Santana (PS), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND), Irací Hassler (PC), Luis Cuello (PC) y los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS) fueron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para pedir al organismo que se pronuncie por un eventual conflicto de interés que tendrían ministros con el proyecto de megarreforma del gobierno.
Esto, en alusión a su patrimonio y las empresas en las que algunos trabajaron antes de llegar al Gobierno.
«Las y los diputados y senadores que suscribimos esta presentación, le solicitamos que, dentro de la esfera de sus atribuciones, se pronuncie sobre la eventual transgresión de los principios de probidad y de abstención, respecto de todas y todos los ministros de Estado del gobierno de José Antonio Kast Rist y demás autoridades que han intervenido en la redacción y tramitación del proyecto de ley, y si en lo sucesivo esas autoridades deban abstenerse de intervenir en la tramitación del proyecto de ley ya mencionado», sostiene el requerimiento.
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En palabras del diputado Manouchehri, «lo que vamos a solicitar es que se abstengan del debate público, porque nos parece impresentable que se esté legislando y se esté influenciando a la opinión pública en temas que van a beneficiar el bolsillo de ellos mismos».
BENEFICIOS A MINISTROS
Al respecto, el diputado Santana (PS), explicó que la solicitud se hizo «atendiendo los principios de probidad consagrados en la Constitución, y al principio de abstención, consagrado en la Ley 19.880, que establece reglas para los actos administrativos en el sector público».
Añadió que «hemos advertido una situación que es evidente, genera conflicto de interés, toda vez que hemos conocido también en el mes de marzo la declaración de patrimonio de los ministros y ministras y autoridades de esta administración».
Como ejemplo puso el patrimonio de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz y de Defensa, Fernando Barros. En el caso del primero, «producto de las millonarias propiedades con las que cuenta en la región Metropolitana, va a haber un beneficio directo con la exención de contribuciones, misma situación con la cual se van a ver beneficiadas las empresas en las cuales y las sociedades en las cuales él tiene participación, producto de la reducción de la tasa corporativa y de la reintegración del sistema tributario», sostuvo.
Añadió que «en el caso del ministro de Defensa y gracias a un cruce de datos que ha realizado la institución denominada Nodo XI, este alcanza un patrimonio de cerca de setecientos mil millones de pesos, con lo cual, frente a los beneficios que tendría ante la aprobación de este proyecto de ley, se vería beneficiado en casi doscientos once mil millones de pesos al año».
MÁS DE 290 MIL MILLONES
En efecto, un documento de Nodo XXI estimó que cuatro medidas del proyecto económico del Ejecutivo -rebaja del impuesto corporativo, reintegración del sistema tributario, tasa rebajada para repatriación de capitales y exención de contribuciones- podrían generar un beneficio potencial de $292.515 millones para 63 autoridades del Gobierno. De acuerdo a esa simulación, los principales beneficiados serían los ministros Fernando Barros (Defensa) y Daniel Mas (Energía y Minería).
Así, Santana precisó que solicitaron a la Contraloría «que se pronuncie frente a lo que, a juicio nuestro, de los parlamentarios y parlamentarias aquí presentes, es un tremendo conflicto de interés entre los ministros del gobierno de Kast y la propuesta de los súper ricos presentada en el marco de la discusión de este plan de reconstrucción nacional, o más bien la reforma tributaria para súper ricos que ha presentado la actual administración».
Por otra parte, los diputados Brito y Manouchehri propusieron una indicación «para excluir al gabinete del Presidente Kast de los beneficios tributarios que el presidente Kast está impulsando».
