El PDG anuncia que retira su apoyo a la llamada “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast terminó por confirmar el cambio de escenario político que abrió esta semana el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Hasta hace pocos días, La Moneda defendía el proyecto como el eje económico de la administración: una combinación de rebajas tributarias al impuesto corporativo, incentivos a la inversión y ajuste estatal que —según el Ejecutivo— permitiría reactivar el crecimiento sin comprometer la estabilidad fiscal. Pero el diagnóstico del CFA alteró esa narrativa.
Hoy, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, señaló que el proyecto presentado no considera a la clase media. “En absolutamente nada”. Agregó que «Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra»,
Torpedo a la línea de flotación
El organismo advirtió riesgos significativos en las proyecciones de ingresos. También, cuestionó los supuestos de crecimiento utilizados para financiar parte importante de la reforma. Y más aún, alertó sobre un posible deterioro estructural de las cuentas públicas. Aunque el consejo no tiene capacidad vinculante, su informe golpeó el corazón técnico del proyecto. La promesa de que la expansión económica compensaría la menor recaudación.
En ese contexto, el retiro del PDG apareció como la primera consecuencia política tangible del informe. El partido acusó incumplimientos y falta de garantías por parte del gobierno, pero en el oficialismo y la oposición coinciden en que el factor decisivo fue el deterioro de la credibilidad fiscal de la propuesta.
La señal tiene un peso adicional porque la megarreforma había sido presentada por el Ejecutivo no solo como una iniciativa económica. No, lo hizo como una demostración de gobernabilidad y capacidad de ordenar a su sector. La pérdida de apoyo, incluso parcial, instala ahora dudas sobre su viabilidad legislativa y obliga al gobierno a abrir una etapa defensiva que hasta hace una semana parecía improbable.
Técnicamente altamente inviable y peligrosa
En paralelo, el debate comenzó a desplazarse desde el terreno ideológico al técnico. Ya no se discute únicamente si el Estado debe reducir impuestos o incentivar inversión, sino si las cifras que sostienen el diseño resisten evaluación independiente. Y en esa discusión, el informe del CFA operó como un punto de inflexión.
La Moneda insiste en que las observaciones del organismo pueden corregirse durante la tramitación. Sin embargo, en el Congreso crece la percepción de que el proyecto perdió el impulso político inicial y entró en una fase de alta vulnerabilidad.
Porque más allá de la disputa parlamentaria, el efecto más complejo para el gobierno puede ser otro: que la principal reforma económica de la administración comenzara a ser vista, antes de iniciar plenamente su trámite, como una apuesta financieramente incierta.
