Las casas de apuestas online enfrentan nuevas restricciones en el Congreso, luego de que la Comisión de Economía del Senado aprobara dos indicaciones que buscan impedir su funcionamiento en Chile. La votación terminó con tres votos a favor, uno en contra y una abstención.
Las propuestas corresponden a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y a los senadores Gastón Saavedra (PS) y Diego Ibáñez (FA), quienes incorporaron medidas al proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea.
La indicación de Núñez plantea penas de hasta 15 años de cárcel, el bloqueo judicial permanente de plataformas ilegales y sanciones más severas cuando participen organizaciones criminales.
En tanto, la propuesta de Saavedra e Ibáñez busca prohibir la explotación, administración, oferta y publicidad directa o indirecta de casas de apuestas online en el país. Además, establece penas de cárcel y multas para quienes obtengan ganancias mediante estas actividades.
El presidente de la Comisión de Economía, Gastón Saavedra, defendió la iniciativa y sostuvo que el escenario actual exige medidas más estrictas frente al impacto de las apuestas.
«Los escenarios han cambiado y hemos visto un aumento significativo de la ludopatía, del endeudamiento y de los ataques a personas producto del endeudamiento ilícito, especialmente en nuestras poblaciones y barrios», afirmó.
La indicación considera que una plataforma opera en Chile cuando permite realizar apuestas desde el territorio nacional, independiente del lugar donde mantenga su infraestructura o aloje su dominio.
La prohibición
Sin embargo, la prohibición no afectará los juegos de la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los hipódromos autorizados ni los casinos regulados por la Ley N° 19.995.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez destacó la aprobación y cuestionó la postura del Gobierno de Kast frente a las casas de apuestas online. A su juicio, la administración busca establecer una regulación permisiva e incluso cobrar impuestos a plataformas que considera ilegales.
Ibáñez también advirtió sobre los efectos de estas plataformas en las familias y acusó que sus algoritmos pueden incentivar conductas adictivas entre niños, niñas y adolescentes.
La propuesta establece que quienes infrinjan la prohibición con fines de lucro arriesgarán presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, penas que van desde 541 días hasta cinco años. Además, contempla multas de 200 a 1.000 UTM.
La iniciativa también obliga a los proveedores de internet, tiendas de aplicaciones y empresas de medios de pago a bloquear el acceso, las descargas y las transacciones vinculadas con las plataformas infractoras.
El proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional y continuará su discusión en particular en la Comisión de Economía del Senado.
