Estamos entrando con anticipación en un período electoral, la primera afectada con este cambio es la tramitación de los proyectos de ley porque, a parte de su contenido, se evalúa también el efecto que tiene en la campaña en curso.
Se puede hacer el recuento de cómo han ido las cosas hasta ahora. Se dispone de buenos números en cuanto a proyectos despachados, pero eso no quita que, en adelante, la situación se proyecte mucho menos promisoria.
Lo que la prensa ha denominado “sequía legislativa” se relaciona en forma directa con este cambio de escenario, no tiene que ver con una inexistente negligencia de las autoridades de gobierno que se relacionan con el Parlamento. No es cosa de asignar responsabilidades, sino de resolver un problema real.
De no salir de esta trampa, tendremos muchas explicaciones y muy pocas leyes significativas adicionales. Los cuadros estadísticos de lo ya conseguido se volverán en contra si es que no se puede dar continuidad a la aprobación de iniciativas legales en el futuro próximo. Las alertas no se deben rechazar únicamente porque incomodan.
Se puede asumir la existencia de mayores dificultades para obtener resultados, pero lo que no se puede aceptar es la parálisis consentida. En el presente los incentivos estarán puestos en la confrontación y eso va a poner trabas en la labor legislativa. No se encontrará el remedio si no se quiere ver el obstáculo.
La oposición no puede, sin asumir costos muy importantes, dejar de tramitar con efectividad en beneficio de las polémicas de coyuntura. Las obligaciones constitucionales no se suspenden por las conveniencias electorales.
Para que esto no suceda, es el Ejecutivo el que tiene que reorientar su agenda porque de seguro ha perdido su orientación programática central. Con la postergación de las reformas se puede estar iniciando un giro a la insustancialidad. Sabemos lo que ha decidido posponer, pero no sabemos qué se va a poner en su reemplazo. Quedar a la deriva no es fijar un nuevo rumbo.
La postergación de reformas como la previsional mostrará sus efectos negativos, que no se detienen solo en esta iniciativa principal, se expresa en la ausencia de prioridades en sustitución de aquellas que se abandonan.
Nunca hay que renunciar al trabajo colaborativo entre oficialismo y oposición, aunque debe acotarse a las condiciones que se tienen. Si no, para lo único que se trabaja es para una confrontación permanente y para una vuelta de mano continua que solo consigue perder prestigio a las instituciones democráticas.
Queda siempre la opción de concentrarse en las urgencias porque atender las demandas sociales es algo a lo que nadie se puede negar. Incluso esto requiere un cierto orden acordado porque el despeje legislativo nunca se ha dado por generación espontánea.
Aunque la discusión del Presupuesto concentra la mayor parte de la energía disponible, todavía queda espacio para concretar un pacto fiscal. El ministro de Hacienda ha tenido éxito en llamar la atención sobre los riesgos que tiene para Chile no hacerlo. Con todo, si no se dan pasos concretos, difícilmente se cerrará negociación alguna. En el gobierno faltan decisiones que tomar.
