La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades financieras en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). También, desórdenes de los recursos disponibles en cuentas corrientes y cajas de la entidad entre 2016 y 2022.
Entre otras cosas, según su informe N°78, el servicio mantiene una deuda no financiada de, al menos, $336.128.764.349, debido a que los recursos disponibles en sus cuentas corrientes no cubren la totalidad de sus obligaciones.
Ello se debe, principalmente, a que el Fondo no refleja en sus estados financieros las deudas que mantiene con servicios públicos por concepto de devolución de licencias médicas a enero de 2022, entre otros conceptos. Esto incidiría en el desfinanciamiento del Fondo de Salud a esa fecha.
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TRES HALLAZGOS
El senador Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Salud del Senado, explicó que «la Contraloría demostró en sus hallazgos tres graves inconsistencias financieras (irregularidades) frente al Seguro Público (Fonasa)».
Detallo que este «atiende hoy día a 16 millones de personas, a las cuales 13 millones se atienden en la modalidad de libre elección aproximadamente, grupos B, C y D».
«Primero, que hay dineros disponibles que no tienen justificación y, a la inversa, deudas que tampoco han sido canceladas de manera casi multimillonaria», detalló.
«Segundo, pagos en exceso a prestadores de salud, es decir, profesionales médicos o ya sea quienes hacían exámenes médicos y que no se justifica la razón por la cual se pagó de más», agregó.
«Y tercero, no cobro de multa a empresas que hacen la huella digital electrónica para que pueda la persona emitir un bono a su nombre para ir a ver un médico», enumeró.
CASTRO: NO SE DESCARTAN DELITOS
El senador Castro recalcó que el lapso investigado abarca a tres gobiernos «y esto habla, en resumen, de un desorden muy grande».
«Esto no debe quedar así, porque ya va a pasar al Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía va a tomar carta en el asunto, porque no se descartan delitos. El Consejo de Defensa del Estado también tomará carta en el asunto», recalcó.
El parlamentario exigió «una explicación del más alto nivel».
«En un momento tan sensible del país, donde está la mayoría de la población está inscrita en Fonasa, no puede haber este nivel de descalabro financiero», dijo.
Destacó que se trata de «un informe contundente de seis años de estudio donde aparecen graves debilidades que tienen que ser aclaradas lo antes posible porque también hay ribetes de delitos en algunos de ellos».
