La Fiscalía Nacional reasignó la causa ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta y solicitó un informe al repecto al persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
A través de un breve comunicado el Ministerio Público expuso que «en uso de las facultades que le confiere el artículo 19 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el Fiscal Nacional ha resuelto reasignar la investigación conocida como “Caso Procultura” a la Fiscalía Regional de Antofagasta, atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso».
Añadió que «lo previo, en atención a que el primer hecho investigado en la causa antes aludida ocurrió en dicha región».
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El texto detalló que «paralelamente, se ha requerido al Fiscal Regional de Coquimbo que proceda a informar sobre todos los puntos observados en el reciente fallo judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta que, acogiendo un Amparo, declaró ilegales diversas diligencias intrusivas solicitadas en el marco de la causa precitada».
«Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público», expuso.
Cerró diciendo que «el compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal».
TIEMPOS PRETÉRITOS
Esto ocurre en el contexto global del caso ProCultura apenas unas horas después del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de la siquiatra Josefina Huneeeus y declaró ilegales las resoluciones que autorizaron del fiscal Cooper que interceptaciones telefónicas en su contra.
Parte del duro fallo -que además fue unánime-, establece que se han «validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado».
