Política

Contraloría exige explicaciones por polémico oficio entre Seguridad y PDI

Cristian Navarro H.

Periodista

Contraloría
Foto: Publicada en X por @minsegpublicacl
El ente contralor dio 10 días a la ministra y al director de la PDI para aclarar si hubo intervención indebida en una investigación penal en curso.

Un nuevo foco de presión institucional se instaló sobre el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que la Contraloría General de la República activara un requerimiento urgente para esclarecer el alcance de un oficio reservado que ha tensionado la relación entre ambas entidades.

El organismo fiscalizador otorgó un plazo de diez días a la ministra Trinidad Steinert y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para que expliquen si la solicitud de antecedentes sobre funcionarios vinculados a diligencias en Tarapacá respetó el marco legal o cruzó límites en una investigación penal en curso.

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La intervención de Contraloría reordena el eje del debate: ya no se trata solo de una controversia política, sino de una eventual vulneración de competencias entre autoridades civiles, policías y el Ministerio Público. El caso se originó tras el envío, el 13 de marzo, de un documento reservado que pedía información detallada sobre detectives relacionados con el denominado “Clan Chen”, incluyendo traslados, destinaciones y antecedentes administrativos.

La secuencia posterior, respuesta del oficio, reunión entre autoridades y salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña,  intensificó las sospechas sobre una posible interferencia en procesos investigativos.

El requerimiento de Contraloría, impulsado tras gestiones en el Congreso, busca ahora fijar un criterio institucional claro sobre los límites de acción del poder político en materias sensibles de persecución penal. Su pronunciamiento podría no solo derivar en consecuencias administrativas, sino también redefinir la relación operativa entre el Gobierno y las policías en un contexto marcado por la desconfianza.

 

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