La exdiputada, alcaldesa, ministra y candidata presidencial, Carolina Tohá, fustigó la actitud del gobierno por el freno al GAM y ciclovía, denunciado que así, “Chile no avanza”. Ambas obras de gran avance fueron paralizadas bajo la excusa de ahorro fiscal. Afectan a los sectores más pobres que no poseen auto y a la cultura país.
Tohá criticó la paralización de dos proyectos emblemáticos de infraestructura urbana: la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda. También la dilapidación de fondos públicos que ya estaban invertidos en ellas.
A través de su cuenta de X, Tohá afirmó que dejar inconclusas ambas iniciativas no responde a criterios de eficiencia ni de responsabilidad fiscal. “Un gobierno que deja botados proyectos como el GAM y la ciclovía de Alameda no es austero ni eficiente”. Agregó que abandonar obras es propio de “Estados poco confiables donde los compromisos no se cumplen”.
La exsecretaria de Estado fue más allá y advirtió que en ambos proyectos ya se habían invertido miles de millones de pesos que ahora podrían perderse. Según sostuvo, si en el futuro se decide retomarlos, el Estado deberá volver a pagar costos que ya estaban cubiertos. “Esos recursos se botarán a la basura”, señaló.
EL GAM
La controversia se encendió luego de que el gobierno decidiera poner fin a la segunda etapa de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, una obra largamente postergada que buscaba sumar cerca de 16 mil metros cuadrados al principal centro cultural del país.
El Ministerio de las Culturas informó al Ministerio de Obras Públicas la imposibilidad de seguir financiando el proyecto. Luego, la Dirección de Arquitectura del MOP notificó al consorcio constructor que se avanzaría hacia el término anticipado del contrato, argumentando que “la situación presupuestaria no permite solventar” una obra cuyo contrato asciende a $114 mil millones.
Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión responde a la estrechez fiscal heredada y a la necesidad de priorizar recursos en beneficios sociales y urgencias más inmediatas. Sin embargo, la oposición y sectores culturales cuestionan que se abandone una obra ya adjudicada y con recursos comprometidos.
Tohá apuntó precisamente a esa contradicción: ahorrar no sería dejar proyectos botados, sino administrar bien los compromisos del Estado.
CICLOVÍA
La otra disputa se instaló en la Alameda. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció semanas atrás el recorte del financiamiento para la tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda, argumentando que las obras eran “carísimas” y que no existía prioridad presupuestaria para continuar.
La iniciativa contemplaba conectar Plaza Italia con Pajaritos, transformándose en la vía ciclista más extensa del país y en uno de los ejes centrales del programa de recuperación urbana del principal corredor de Santiago.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego calificó la decisión como una “pésima” señal y recordó que la ciudad no se construye sobre la lógica del borrón y cuenta nueva. También el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz defendió la continuidad del proyecto y sostuvo que “la ciclovía Alameda trasciende gobiernos y debe continuar”.
Incluso la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte advirtió que suspender el tramo final ignora beneficios técnicos ya validados y debilita una alternativa clave de movilidad sustentable, especialmente en un escenario de alza de combustibles.
MÁS QUE OBRAS
El fondo político va más allá del GAM o una ciclovía. Tohá cerró su crítica con una frase que apunta directamente a la continuidad institucional entre gobiernos: “Si cada gobierno revierte lo hecho por el anterior, Chile no avanza”.
Ese es el verdadero conflicto. No se trata solo de infraestructura, sino de la señal que entrega el Estado cuando abandona proyectos ya iniciados, con recursos invertidos y planificación aprobada.
Porque una cosa es revisar prioridades presupuestarias y otra muy distinta convertir cada cambio de administración en una demolición de lo anterior. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser fiscal y pasa a ser de credibilidad institucional.
Y en política pública, perder confianza suele costar mucho más que terminar una obra.
