El Senado aplazó la votación en general del denominado proyecto “antifiltraciones”, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por la divulgación indebida de antecedentes de investigaciones penales y establecer mayores resguardos para la información contenida en las carpetas investigativas.
La decisión se produjo luego de que la senadora Claudia Pascual, en representación del Comité Unido, solicitara una segunda discusión de la propuesta, lo que dejó pendiente su análisis para una próxima sesión de la Sala. El debate se centra en cómo equilibrar la protección de datos sensibles y la privacidad de los involucrados con el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre causas de interés público.
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La moción, impulsada por la senadora Paulina Núñez junto a los senadores Pedro Araya, Luciano Cruz-Coke y Alfonso De Urresti, busca responder a los efectos que han tenido las filtraciones en investigaciones de alta connotación pública, donde antecedentes reservados han llegado a la opinión pública antes de que concluyan las diligencias judiciales.
NUEVAS REGLAS PARA PROTEGER INVESTIGACIONES
Entre las principales medidas, el proyecto permite declarar secretas determinadas actuaciones, documentos o incluso toda la carpeta investigativa por un período de hasta 90 días, cuando ello resulte indispensable para el éxito de la investigación o para resguardar la seguridad pública, el orden institucional o la integridad de las personas involucradas.
La propuesta también crea un “anexo separado y reservado” para antecedentes que no tengan relevancia investigativa. Los fiscales deberán identificar y apartar esos registros de la carpeta principal, manteniéndolos bajo estricta reserva para evitar su difusión.
SANCIONES MÁS SEVERAS POR FILTRACIONES
El texto incorpora nuevas sanciones para quienes participen en procesos penales y divulguen información reservada. Fiscales, defensores, funcionarios públicos, policías y querellantes que filtren antecedentes podrían enfrentar penas de reclusión y multas de hasta 100 UTM.
Asimismo, la iniciativa castiga a cualquier persona que, teniendo acceso a una investigación penal, entregue o difunda información sin una justificación legal. El objetivo es fortalecer la confidencialidad de las pesquisas y evitar el uso de antecedentes judiciales con fines ajenos a la búsqueda de justicia.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya, defendió la propuesta señalando que busca proteger la intimidad de quienes intervienen en una causa sin restringir la libertad de información, en un contexto marcado por reiteradas filtraciones que han impactado el desarrollo de investigaciones penales.
El proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde deberá enfrentar un debate que ya anticipa posiciones divididas respecto de sus efectos sobre la transparencia judicial y el ejercicio del periodismo.
