La investigación en Hungría para determinar si el histórico líder conservador Viktor Orbán financió con fondos públicos actividades políticas e ideológicas fuera de su país podría salpicar al presidente de Chile, José Antonio Kast.
Partamos por el principio. El país europeo anunció una revisión en ese sentido por presunta corrupción contra el derrotado primer ministro.
Su sucesor, que aún no asume el cargo, ya anunció que ordenó indagar el uso de recursos estatales en el financiamiento de redes conservadoras globales. Apunta directamente a organizaciones vinculadas a la derecha internacional, entre ellas la Political Network for Values (PNfV), entidad que fue presidida por el actual mandatario chileno entre 2022 y 2024.
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Lo que ahora busca Péter Magyar es determinar si hay delito en el eventual uso de recursos estatales y desvío de fondos públicos hacia estructuras internacionales vinculadas a partidos, fundaciones o think tanks de derecha.
ORBÁN, «INPIRACIÓN» DE KAST
Recién asumido como presidente y a alrededor de un mes de que Orbán fuera derrotado en las urnas tras 16 años en el poder, Kast destacó públicamente al líder húngaro como una “inspiración” y respaldó principios compartidos en instancias como la CPAC.
Justamente Magyar busca esclarecer si el financiamiento de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) –la organización estadounidense que agrupa a partidos, fundaciones y think tanks de extrema derecha de todo el mundo– fue realizada con fondos públicos provenientes de la administración de Orbán.
La Political Network for Values fue anfitriona de la CPAC el año 2022, al alero del Centro de Derechos Fundamentales. En esa época Kast presidía la organización. Con raíces en el extremismo católico y vínculos con agrupaciones como HazteOir, Citizen Go, El Yunque y el Opus Dei, antes era encabezada por Katalin Novák, que en 2022 se convirtió en presidenta de Hungría y fue relevada por el mandatario chileno.
Existen registros de entrega de fondos a la organización. Según el Diario Oficial húngaro, en mayo de 2020 el Gobierno de Orbán autorizó la asignación de más 38 millones de florines del presupuesto de ese año para financiar a una organización conservadora local, sin hacer mención a su nombre, pero aclarando que era con el fin de cooperar con la plataforma Political Network for Values.
Un año después, otorgó una subvención de 140 mil euros a la PNfV, para financiar la cuarta Cumbre Trasatlántica, que reunió a representantes políticos de Europa, América y otras regiones del mundo, celebrada en noviembre de 2021 en el Parlamento húngaro.
Según una investigación de El Mostrador, su rol en la PNfV podría tocar a Kast.
CAUSAL DE DESTITUCIÓN
En Chile, el financiamiento extranjero de campañas políticas es delito y causal de destitución. De hecho, el cese o pérdida del cargo por infracciones graves al financiamiento electoral está regulado constitucionalmente.
Para altas autoridades, recibir dinero negro del extranjero puede encuadrarse en las causales del Artículo 52, N° 2 de la Constitución. En el caso del Presidente de la República, puede ser acusado por actos de su administración que hayan «comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación» o por infringir abiertamente la Constitución o las leyes. El financiamiento extranjero se considera una amenaza a la soberanía y seguridad nacional.
Si el infractor de las normas es el jefe de Estado en ejercicio, las sanciones políticas se canalizan a través de una Acusación Constitucional, el mecanismo de juicio político más severo en el sistema chileno.
Como consecuencia, desde el momento en que la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la procedencia de la acusación (por mayoría de sus miembros en ejercicio), el presidente queda suspendido de sus funciones.
Luego, si la Cámara Alta, actuando como jurado, declara la culpabilidad del presidente por dos tercios de los senadores en ejercicio, este es destituido de su cargo de forma inmediata.
Con eso, no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por un término de cinco años.
La destitución política no exime al exmandatario de ser juzgado posteriormente por los tribunales ordinarios para determinar penas de cárcel o multas económicas adicionales por los delitos cometidos.
