En las grandes causas penales, la batalla fundamental rara vez se juega en la culpabilidad inmediata, sino en las costuras del procedimiento. El recurso de amparo ingresado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Cristóbal Bonacic, en representación del ex-parlamentario Joaquín Lavín León, es una pieza jurídica de precisión que constituye un intento de Lavín de zafar de la prisión preventiva dictada el pasado 8 de mayo por el juez Daniel Urrutia.
Este viernes ante la Segunda Sal de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, se dirimirá entre la estrategia de la defensa y la fuerza de la resolución, que no solo acogió el desafuero y todas sus causales esgrimidas por la fiscalía, sino que, además, ordenó la prisión preventiva para el exparlamentario.
El argumento de la defensa es categórico: el Ministerio Público y el tribunal vulneraron la Constitución al inflar e innovar artificialmente la imputación de cargos en plena audiencia de formalización, saltándose los límites estrictos fijados por el desafuero parlamentario.
La arista electoral y el «Call Center» fiscal
El texto de amparo devela por primera vez el detalle minucioso de la trama de financiamiento irregular que la Fiscalía Oriente le imputa al ex-diputado, estructurada en base a un perjuicio fiscal acumulado. De acuerdo con la solicitud de desafuero original presentada por la fiscal regional Lorena Parra en junio de 2025, el mecanismo operó mediante dos empresas proveedoras de servicios:
Imprenta MMG: Utilizada entre 2015 y 2021 para rendir de forma sistemática facturas presuntamente ideológicamente falsas al Congreso Nacional, desviando un perjuicio fiscal de $10.896.109 para costear deudas de campañas electorales de su partido político (UDI).
Modo 74 SpA («SocialTazk»): El verdadero núcleo de la imputación. La fiscalía acusa a Lavín León de idear y financiar con asignaciones públicas una plataforma web diseñada exclusivamente para recopilar, almacenar y gestionar masivamente bases de datos de votantes a nivel nacional con fines puramente electorales. El fraude contempló el pago ilícito de honorarios por $17.171.265 a su coimputado Felipe Vásquez en calidad de asesor fantasmal y la rendición de al menos 153 facturas operacionales falsas por $76.204.410.
El escrito de la defensa expone además el flanco más polémico de la formalización: la acusación de que Lavín León obligó e instruyó a la totalidad de su equipo de asesores parlamentarios pagados por el Congreso a destinar sus jornadas laborales completas para operar como una especie de «call center electoral», ingresando y validando números telefónicos de votantes proporcionados por candidatos de su colectividad política. Según el persecutor, el Estado terminó pagando de forma improcedente remuneraciones a asesores del equipo por más de $68.500.000 mientras realizaban labores ajenas a la función legislativa.
El «Tráfico de Influencias» en Maipú
El amparo también desglosa la arista de tráfico de influencias que conecta directamente esta causa con la de su cónyuge, la exalcaldesa Cathy Barriga. Según los antecedentes de la fiscalía citados en el recurso, tras la separación de las causas en febrero de 2024, se acreditó que el ex-diputado se aprovechó de su calidad indisoluble de parlamentario y cónyuge de la edil para desplegar una red de influencia activa dentro del Municipio de Maipú.
Por su parte el escrito detalla el interés político del imputado para instalar a al menos cinco funcionarios de su estricta confianza personal en roles directivos críticos (como Carlos Fairlie, Felipe Contreras y Boris Gálvez). Una vez investidos, Lavín León habría ejercido influencia directa sobre ellos para desvincular masivamente a trabajadores que no adherían a su proyecto político, forzar enroques de funciones, reincorporar operarios despedidos y —lo más grave para la arista matriz— sustraer de forma irregular miles de bases de datos de electores y habitantes de Maipú para alimentar su aplicación privada SocialTazk.
La tesis de la infracción constitucional
El contraataque que Bonacic pone sobre la mesa de la Corte de Apelaciones acusa una flagrante violación al artículo 61 de la Constitución, que regula el sentido y alcance del fuero parlamentario. La defensa fundamenta que el tribunal no podía aplicar la prisión preventiva basándose en hechos que la Corte Suprema no autorizó previamente en el antejuicio de desafuero.
Facturas inéditas
El recurso demuestra que la fiscalía «innovó» en la minuta de formalización agregando facturas adulteradas inéditas (como la factura N°9904 de Totalprint) que jamás formaron parte de la solicitud de desafuero con la que se levantó la inmunidad.
Los abogados de Lavín León acusan que el Ministerio Público introdujo de golpe todo el capítulo del uso del personal de apoyo parlamentario como fraude fiscal con el único fin de «sorprender» a la defensa y abultar artificialmente la gravedad de los delitos para forzar la medida cautelar de prisión preventiva.
El triunfo parcial en la Suprema
El amparo recuerda un antecedente clave: el fallo de la Corte Suprema del 19 de marzo que ya le propinó un golpe a la fiscalía al dictaminar el sobreseimiento definitivo del delito tributario imputado por el SII, tras establecer que el estándar exigido de maquinación dolosa y dolo directo para burlar la carga impositiva no logró ser satisfecho por el órgano recaudador en sede de antejuicio.
En definitiva, la contraofensiva de Lavín León traslada la discusión desde el reproche ético de las bases de datos y los asesores hacia las garantías estrictas del debido proceso. Si la Corte de Apelaciones acoge la tesis de Bonacic respecto a que se violaron los límites constitucionales del desafuero al formalizar por hechos nuevos, la prisión preventiva dictada por el juez Urrutia podría desplomarse por vicios de ilegalidad, abriendo un nuevo e impredecible capítulo en uno de los fraudes políticos más complejos del último tiempo.
