La “metáfora” de reducir listas de espera oncológicas
El lenguaje del poder es experto en construir realidades paralelas. “Metáforas”, las llama el presidente Kast, mentiras, le denominan otros. En materia oncológica, se trata de crear una realidad inexistente, una trampa simplona pero efectiva, reducir listas de espera oncológicas, pero sin atacar el problema de fondo.
En Chile, la última gran construcción retórica del diseño gubernamental no se mide en palabras, sino en planillas Excel. Se llama «reducción de listas de espera oncológicas». Un titular vistoso, un bálsamo estadístico para los matinales y una promesa de campaña impecable. Sin embargo, cuando se desarma el engranaje burocrático, lo que queda al descubierto no es un éxito sanitario, sino una sofisticada maquinaria de maquillaje estadístico que hoy se asfixia bajo el decreto de austeridad más severo de las últimas décadas.
Para entender este laberinto —que los pacientes habitan como una condena— hay que desnudarse de la ingenuidad administrativa. El tratamiento del cáncer no es una ventanilla única. Es una carrera de vallas compuesta por cuatro etapas críticas: detección, confirmación/etapificación, atención específica (operación, quimio, radioterapia) y seguimiento.
Aquí reside la gran trampa de la «contabilidad creativa» fiscal. La promesa oficial de atacar las listas de espera apunta casi exclusivamente a la primera etapa: la detección. Para el sistema de salud pública, un paciente «egresa» de la lista de espera cuando se le concede su primera consulta con el especialista. El papel se limpia y el indicador gubernamental brilla. Pero clínicamente, en ese preciso segundo, comienza el verdadero calvario. El paciente sale de la lista de atención inicial para ingresar al limbo invisible de la espera de etapificación, un sótano estadístico que no se mide en los balances televisados de la autoridad.
El costo del diagnóstico
Es en la segunda y tercera etapa —confirmación y tratamiento específico— donde el relato estatal se desploma por falta de infraestructura propia. El Estado de Chile no dispone de los ciclotrones ni de los equipos de PET-CT necesarios para cubrir la demanda de su red. ¿La solución? Derivar a servicios externos privados mediante la glosa de compra de servicios o, derechamente, traspasar el costo catastrófico al usuario.
Para un paciente de Fonasa, la «cobertura universal» es una quimera de copagos. Bajo el código genérico 05-01-035 del arancel, un examen tan vital como el PET-CT FDG (el estándar de oro para rastrear metástasis y mapear la actividad metabólica celular del tumor) expone la fractura del sistema. ¿Su costo? Particular: Entre $805.000 y $922.000 de costo directo. Fonas nivel 2: $514.180 y Fonasa Nivel 3: $632.832También dependerá del recargo legal en clínicas de alta complejidad.
Cuando los Comités Oncológicos públicos demoran meses en procesar las solicitudes, obligan al paciente a saltar a la Modalidad Libre Elección (MLE). Ello, para no perder una ventana de oportunidad que marca la diferencia entre un diagnóstico curativo y uno paliativo. El usuario financia de su bolsillo el examen que determinará si sigue vivo, transformando la garantía estatal en una colecta familiar solidaria.
La estafa de los promedios
Las planillas oficiales reducen el drama humano a fríos números de gestión. El Estado celebra bajas estadísticas en la primera consulta, pero oculta la enorme fila de la confirmación diagnóstica. Para el ciudadano común, salir de una lista digital no detiene el crecimiento del tumor.
La autoridad publicita coberturas universales mientras recorta presupuestos a los hospitales de alta complejidad. Recordado es el caso cuando en un hito comunicacional el primer gobierno de Sebastián Piñera (noviembre de 2011), celebró en Cerro Navia el «fin de las listas de espera AUGE». Aquello terminó transformándose en uno de los escándalos de manipulación de datos públicos más graves del sector salud
El «efecto Quiroz» y el desmantelamiento de los hospitales
Este desamparo financiero en la mirada de la derecha, no es casual. Hoy está respaldado por decreto. El masivo recorte fiscal de $413.193 millones de pesos oficializado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través del Decreto N° 333, golpea el corazón operativo del sistema. Al restarle $259.512 millones a Fonasa y asfixiar el presupuesto de más de 80 hospitales de alta complejidad de la red pública nacional, el Estado corta de golpe el flujo para la compra de servicios externos y la operatividad básica.
Bajo la polémica máxima de Quiroz de que «a veces uno con menos recursos hace más», los recintos asistenciales se ven forzados a declarar la quiebra técnica para sus pacientes oncológicos. El hachazo presupuestario se ensaña de manera directa con las regiones y la periferia de Santiago, dejando mermas multimillonarias insostenibles en nodos de derivación oncológica críticos:
El Hospital Sótero del Río (Puente Alto), lidera las pérdidas en la Región Metropolitana, con recorte por $3.182.000. Por su parte, el Hospital de Los Ángeles (Víctor Ríos Ruiz), sufre una sustracción directa de $2.706 millones. Sume al Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción), que pierde $2.696 millones de sus arcas de salud. Al Hospital Base de Valdivia, le arrebatan $2.232 millones destinados a la alta complejidad.
¿Aún más? El Hospital de Chillán (Herminda Martín), sufre una drástica reducción de $2.099 millones. Por su parte el Hospital de Antofagasta, registra un recorte de $2.049 millones en su presupuesto anual.
A qué seguir.
Menos presupuesto se traduce matemáticamente en menos convenios para exámenes PET-CT y menos tratamientos de radioterapia, empujando de forma obligatoria el costo hacia las familias. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, encargada del funcionamiento diario de toda la infraestructura hospitalaria, sufre una amputación de $147.715 millones, asfixiando la compra de insumos clínicos básicos, fármacos y la contratación de turnos médicos.
El «Tour del Cáncer» y el abandono territorial
La asimetría de esta política no solo es financiera, es brutalmente geográfica. Mientras el discurso centralista habla de equidad, las regiones del centro-sur y el extremo austral de Chile viven el desmantelamiento de sus promesas sanitarias. Al tiempo que el Ministerio de Salud le daba un portazo a proyectos de transferencia tecnológica internacional con potencias médicas como la República de Corea para optimizar la gestión de listas de espera, las autoridades validaban una solución que raya en la humillación: el «Tour del Cáncer» a Bariloche.
La exploración e implementación de convenios binacionales con centros como el Instituto Intecnus en Argentina para absorber pacientes de la Región de Los Lagos que requieren radioterapia es la confesión explícita del fracaso local. Bajo el pretexto de un «plan piloto» que durará los años que tome construir la esquiva infraestructura en Puerto Montt, el Estado externaliza su obligación. El tratamiento base puede estar cubierto por el papel, pero el traslado terrestre o aéreo, el desarraigo, la estadía, la alimentación y el costo de un acompañante para mitigar las secuelas físicas corren por cuenta del enfermo. Un viaje turístico forzado donde el paisaje es la radiación y el equipaje es la incertidumbre.
Este centralismo disfraza su ineficiencia con convenios de traslado que humillan al paciente regional. La supuesta eficiencia fiscal es un maquillaje político para capturar votos en periodos de campaña. Detrás de cada cifra exitosa se esconde una colecta solidaria para poder sobrevivir.
La fosa común del retraso
Esta es la gravedad de la trampa administrativa que adquiere su dimensión más oscura cuando se contrastan las planillas de Hacienda con la realidad epidemiológica que procesa el Departamento de Estadística e Información en Salud (DEIS). El cáncer ya no es una amenaza latente; consolidado plenamente como la primera causa de muerte en Chile, cobra la vida de aproximadamente 30.000 chilenos al año. Esto significa una brutal frecuencia de tres muertes por hora a nivel nacional, donde los oncólogos estiman que, a lo menos, una de ellas se podría evitar con atención oportuna.
La letalidad en el territorio nacional tiene nombres y apellidos biológicos claros según el sexo: En hombres, los tumores de mayor incidencia y mortalidad corresponden al cáncer de próstata, pulmón y estómago. En mujeres, el panorama es liderado de forma devastadora por el cáncer de mama, colon y vesícula/vías biliares. Este último muestra una agresividad crítica en la zona sur debido a la predisposición genética y el nicho bacteriano endémico.
El verdadero crimen de Estado, sin embargo, se documenta en las comisiones investigadoras del Congreso Nacional. Las auditorías sobre las personas fallecidas que engrosaban los registros de la Lista de Espera No GES revelan que las muertes anuales de pacientes atrapados en la burocracia técnica superan los 35.000 casos. Si bien el discurso oficial se apresura a declarar que estas muertes «no necesariamente ocurrieron por la patología esperada», la realidad clínica es incontestable: el aumento acumulado del 10% en la tasa de mortalidad general por cáncer en el país durante los últimos años está asociado directamente a los retrasos diagnósticos y terapéuticos. Un paciente que fallece esperando un PET-CT para saber si su cáncer hizo metástasis muere administrativamente «de un paro cardiorrespiratorio», pero clínicamente fue ejecutado por el tiempo.
Morir en la fila
Mientras tres mujeres mueren al día en Chile por cáncer de mama y decenas de miles fallecen anualmente esperando una atención, los hospitales públicos ejecutan egresos administrativos por causales tan indolentes como la «inubicabilidad». Tres llamadas telefónicas no contestadas en un mismo día bastan para que el sistema borre a un paciente de la lista. Con la nueva tijera presupuestaria sobre Redes Asistenciales, la tentación administrativa de desabultar la lista eliminando pacientes «en el papel» será mayor para cuadrar las metas políticas antes de los plazos electorales. La estadística baja, el software se alivia, el tumor avanza. El gobierno “elimina gasto inútil”.
A esto se suma la persistencia de privilegios internos y «saltos de fila» documentados por la Contraloría en hospitales regionales, donde conocidos de funcionarios acceden a pabellones en tiempo récord mientras el ciudadano común es postergado indefinidamente.
La gran metáfora de la salud en Chile ha dejado de ser una promesa de cuidado. El uso político de las listas de espera oncológicas opera capturando el dividendo electoral de la primera consulta, pero abandonando al paciente en las etapas donde la vida se cotiza en millones. Hoy el sistema consagra un diseño de contabilidad creativa agudizado por el Decreto 333: una realidad donde los éxitos de gestión y la eficiencia fiscal se publicitan en conferencias de prensa, mientras que el costo real de la austeridad se entierra en absoluto silencio en los cementerios del país.
