En una votación que fue bastante más corta de lo presupuestado (algo más de cuatro horas), la Cámara de Diputadas y Diputados despachó en su totalidad el Plan de Reconstrucción del gobierno -la megarreforma- y lo hizo sin tocar los principales ejes tributarios de la iniciativa; ahora el proyecto avanzará a su segundo trámite constitucional en el Senado.
Ahí deberá definirse si los artículos serán nuevamente revisados por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, como ocurrió durante su paso por la Cámara.
Si bien la jornada estuvo marcada por duros enfrentamientos y reproches entre el oficialismo y la oposición, el gobierno logró un importante triunfo.
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De este modo, logró aprobar el denominado «corazón del proyecto», correspondiente a la rebaja del Impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23% para medianas y grandes empresas (87 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones), además de la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda; la invariabilidad tributaria por un plazo de 25 años para determinadas inversiones (81 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones), y la reintegración del sistema tributario (82 votos a favor, 71 en contra y una abstención), que permitirá, hacia 2031, que los contribuyentes descuenten el 100% de los impuestos pagados por sus empresas de sus tributos personales.
De todos modos, desde la oposición apostaron por una batería de reservas de constitucionalidad frente a distintos artículos.
La estrategia, encabezada por el Frente Amplio (FA) apunta a recurrir al Tribunal Constitucional para que sea el que determine si los artículos aprobados son compatibles con la Carta Fundamental.
Representantes de las bancadas opositoras además, cuestionaron en varias oportunidades el hecho de que no se haya cumplido ni en espacio ni tiempo con las obligaciones durante la tramitación de un proyecto de ley como este.
LAS DOS CARAS
Para el jefe de Bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, el que se haya despachado el proyecto de la megarreforma al Senado «es un día negro para Chile».
A su juicio, «se compromete el futuro del país, se profundiza la crisis fiscal que vive Chile, y se hace, lamentablemente, con un acuerdo a puertas cerradas entre el gobierno y Franco Parisi. Por tres chauchas, por unas migajas para la clase media y los sectores vulnerables, se permite que los más ricos, que la gran empresa, disminuya cuatro mil millones de dólares de sus impuestos sin compensaciones, sin ningún tipo de garantía de crecimiento ni de degeneración de empleo, solo una promesa, una expectativa vacía. Lo lamentamos, este es un muy mal proyecto».
«Yo espero que en la siguiente tramitación en el Senado se sienten a conversar y a dialogar para un acuerdo que sea en serio, un acuerdo con todas las fuerzas políticas que le dé robustez y sostenibilidad. Es una reforma que hoy día, lamentablemente, está dejando mucho que hacer», agregó.
En contraposición, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que “Chile marcó un punto de inflexión en lo que han sido años para el olvido respecto a nuestra capacidad económica, nuestra capacidad de crecer, y más importante todavía, de generar bienestar para las familias chilenas. Hoy hemos aprobado un proyecto que lo que busca precisamente es reconstruir las bases de esa economía que nos permitan mirar el futuro con optimismo y con esperanza. Gran noticia, y por eso lo hemos aprobado con mucha fuerza”.
LOS QUE NO PASARON LA PRUEBA
Durante la votación de la megarreforma fueron rechazados cuatro artículos, que no llegarán al Senado.
Uno fue la actualización de las normas de compras públicas para obras de infraestructura. Esta buscaba introducir modificaciones a la Ley N° 19.886, incorporando mayores exigencias en materia de probidad, transparencia y prevención de la corrupción en contratos y concesiones.
Tampoco se aprobó la excepción al derecho de autor para el análisis masivo de datos, norma que pretendía permitir el uso sin autorización de obras protegidas en procesos de análisis estadístico o desarrollo de inteligencia artificial (104 votos en contra, solo 43 a favor -todos del oficialismo- y 7 abstenciones).
Asimismo, no pasó el artículo 26, que proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar gastos de capacitación de sus impuestos (91 votos en contra, 60 a favor y una abstención).
Tampoco prosperó el artículo 27, que apuntaba a impedir que los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria del Sence, trasladando dichos costos directamente a las empresas ( 94 parlamentarios votaron en contra y 58 a favor).
SALA CUNA UNIVERSAL
En medio de todo el debate, la oposición logro la aprobación de la indicación para establecer la sala cuna universal.
Primero la moción se declaró admisible (80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones) y luego pasó a la votación y fue aprobada con 82 votos favorables, 48 en contra y 24 abstenciones.
La diputada Constanza Schonhaut (FA) destacó al respecto que «frente al retroceso que propone la reforma tributaria, hay otro camino: iniciativas que efectivamente generan empleo, amplían derechos y avanzan en corresponsabilidad».
Gael Yeomans, en tanto, lo calificó como «una luz de esperanza» que «nos permite avanzar en un proyecto de ley que todos dicen que le interesa, pero no le ponen la marcha que requiere»
La algarabía duró poco, en todo caso: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación.
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