Esta semana se concretó el anuncio que el mayo hicieron tres concejales de Las Condes: acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) Metropolitano y presentaron un requerimiento para inhabilitar a la exalcaldesa Daniela Peñaloza (UDI).
El escrito de Richard Kouyoumdjian (RN), Nayati Mahmoud (Frente Amplio) y Leonardo Prat (Ind.-Republicano) solicita “para hacer efectiva la inhabilidad para ejercer cargos u oficios públicos por el término de cinco años y, subsidiariamente, en el evento que aquello se estime improcedente, para efectos que se le aplique una sanción compatible con la condición de exalcaldesa de la comuna de Las Condes”.
Los ediles republicanos no quisieron firmar el requerimiento, mientras que la UDI votó en contra de ese tipo de procediminto.
Los que sí firmaron plantearon que la exautoridad comunal habría protagonizado irregularidades administrativas transgresora de los deberes y obligaciones en su calidad de máxima responsable del municipio, e incurrido en un notable abandono de deberes en el ejercicio de sus funciones o faltas graves a la probidad administrativa, y, también, incumplimiento de sus deberes estatutarios.
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La acción surge luego de una investigación impulsada por la ahora alcaldesa Catalina San Martín junto con otros concejales por la compra de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), tras la cual la Contraloría determinó irregularidades como sobreprecio y omisión de información al resto del concejo.
“Estamos siendo consistentes con lo que dijimos. Firmamos y presentamos el documento al Segundo TER para que siga adelante con los procesos legales correspondientes”, dijo al respecto el concejal Kouyoumdjian a La Tercera.
Mientras, Mahmoud (FA) recalcó que “considerando que trabajadores de la municipalidad con cargos por debajo de la alcaldesa ya han tenido represalias, es lo mínimo asegurarse que Daniela Peñaloza reciba sanciones por sus acciones. Si bien hay proceso judiciales activos, se deben agotar todas las instancias para no dar ni un centímetro a la corrupción que tanto daña a la política y la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes”.
“No podemos permitir que personas con estos antecedentes, que ya han sido comprobados por Contraloría, sigan siendo validados ni en lo electoral ni perdonados en lo judicial. Por ende, nuestra responsabilidad es asegurar que no exista impunidad”, añadió.
«NO RESULTA ADMISIBLE»
En su requerimiento los concejales plantean que lo presentaron “para efectos de responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Sra Peñaloza Ramos», con el objetivo de que «responda por los gravísimos hechos de los cuales fue responsable, como lo haría cualquier funcionario o exfuncionario cuya responsabilidad fue establecida por un sumario administrativo iniciado cuando ejercía en plenitud el cargo en cuestión, cuyo es el caso de la requerida”.
“Pensar de otra manera implicaría que cualquier sumario o procedimiento disciplinario que substancie la Contraloría General de la República sería ineficaz por el solo hecho que la inculpada cesara en su cargo, dejándola libre de todo cuestionamiento y reproche administrativo como persona responsable, lo que no resulta admisible de ninguna manera en que se examine el caso”, afirman.
