“El presente libelo acusatorio carece de un mínimo estándar de fundamentación” y además “no desarrolla una argumentación jurídica suficiente que permita comprender de qué manera los antecedentes invocados configurarían una infracción a la Constitución o las leyes”, es parte de la argumentación que hizo la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau a la acusación constitucional (AC) presentada en su contra por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano (junto al apoyo de otros sectores) debido a supuestas irregularidades, inconsistencias y un mal manejo en la entrega de informes de finanzas públicas.
De acuerdo con lo expuesto por La Tercera, el exsecretario de Estado sostiene que «los acusadores me imputan haber causado un daño ‘presente, medible y de larga proyección’ por una deuda que superaría el umbral del 45% del PIB (a pesar de haber terminado en 41,5% del PIB el 2025, bajando por primera vez en casi 20 años)» y de generar cerca de US$10.500 millones adicionales en la trayectoria proyectada de endeudamiento entre 2026 y 2030.
“Es una imagen poderosa. Sin embargo, esa imagen no es efectiva y no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral, ni tampoco por clasificadoras de riesgo”, añade.
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De hecho, afirma, la acusación “descansa íntegramente sobre una premisa que los capítulos acusatorios no lograron acreditar”.
Entonces, dice, “si esa premisa no está acreditada —y no lo está— entonces la descripción de consecuencias que construyen los acusadores no solo se basa un escenario fiscal catastrofista, sino que además carece de todo sustento jurídico».
“No basta con afirmar que las proyecciones económicas no son favorables. En una acusación constitucional, que es un juicio de responsabilidad personal, es indispensable acreditar el nexo causal entre la conducta específica del acusado y el resultado que se le imputa”, agrega la defensa de Grau ante la AC.
«NO ES UN ARGUMENTO JURÍDICO»
A su juicio, «los acusadores presentan diferencias entre dos informes elaborados por la Dipres bajo distintas administraciones, las califican como daño, y dan por sentado que ese daño me es atribuible a mí. Esa secuencia no es un argumento jurídico: es una presunción de culpabilidad que ningún ordenamiento serio puede tolerar».
Recalca, asimismo, que la institucionalidad fiscal de Chile no puede estar expuesta a la política contingente y que “las diferencias entre dos informes técnicos de la Dipres, elaborados bajo distintas administraciones, puedan fundar la destitución e inhabilitación de un ex ministro de Hacienda sería un retroceso de enorme gravedad para esa arquitectura institucional”.
“Ese retroceso no me afectaría solo a mí: afectaría a todo funcionario técnico o autoridad que en el futuro deba tomar decisiones de política fiscal en un entorno de incertidumbre, sabiendo que cualquier diferencia posterior entre proyecciones puede transformarse en causal de acusación constitucional”, advierte.
ABUSO DE FÓRMULAS CONDICIONALES
Grau también cita que la Contraloría General de la República ya se pronunció sobre cuestionamientos similares realizados a la directora de Presupuestos, relacionados con las proyecciones fiscales utilizadas para la elaboración del Presupuesto 2025 y que descartó esa infracción, por lo que «resulta jurídicamente improcedente sostener que el ministro de Hacienda —que no participa en su confección— incurrió en la misma infracción o en una de mayor entidad».
La defensa del exministro asevera también que la acusación «abusa del uso de fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de describir hechos específicos y concretos».
Se invocan diversas normas, pero «no viene acompañada de una fundamentación jurídica suficiente, dado que no explicita cuál sería la norma concreta infringida ni cuál es la conducta que como ex autoridad ejecuté y que habría provocado dicho incumplimiento», recalca la defensa de Grau a la AC.
