La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD-Independientes ingresó un proyecto de ley interpretativo que busca zanjar la disparidad de criterios con que se ha aplicado la norma relativa al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Eso, porque mientras la Tesorería General de la República ejecuta embargos y vaciamiento de cuentas de morosos con sueldos superiores a los $3.5 millones mensuales (e incluso con menos ingresos) -lo que ha sido ratificado por dictámenes de la Contraloría y de Tribunales Superiores de Justicia-, las cortes de Apelaciones de Arica y de Valparaíso han acogido recursos de protección interpuestos por deudores, argumentando la naturaleza del crédito, es decir, que tiene una naturaleza civil y no es una deuda tributaria.
La iniciativa legal del PPD busca terminar con las diversas interpretaciones y establecer que no será aplicable el procedimiento establecido para el cobro de deudas tributarias a aquellas obligaciones dónde el Estado actúa como aval, como es el caso del CAE.
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Asimismo, el proyecto establece una interpretación al artículo 57 del Código del Trabajo para hacer extensible la inembargabilidad de las remuneraciones. En ese sentido, se presumirá que todo depósito o transferencia bancaria efectuada por el empleador hacia la cuenta bancaria del trabajador tiene una finalidad remuneratoria.
Asimismo, la iniciativa legal del PPD establece que “los procedimientos de cobro ejecutivo iniciados por la Tesorería General de la República del CAE que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de la presente ley quedarán sin efecto».
DISTINTOS TIPOS DE DEUDORES
Al respecto, el diputado José Montalva sostuvo que «hemos presentado este proyecto para que se interprete bien lo que señala la ley».
Aclaró que «nosotros queremos que se paguen estas deudas estudiantiles. Sin embargo, hoy día se están cobrando las deudas del CAE como si fueran impuestos».
Argumentó que «esto lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Arica y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y está en veremos cómo va a fallar la Corte Suprema. También lo puso en duda el Tribunal Constitucional, que lo está viendo por una inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se presentó. Entonces, esto ha generado dudas respecto a por qué se le cobra como si fuera un deudor de impuestos a una persona que se endeudó para estudiar, que no es lo mismo”, explicó.
El parlamentario agregó que “lo que nosotros queremos es que todo lo que es impuestos se cobre con la Tesorería General de la República, como está establecido, y lo que es derivado de deudas se cobre por el sistema normal del cobro de deudas, como se le cobra a cualquier persona”.
IGUALDAD ANTE LA LEY
Por su parte, el diputado Héctor Ulloa, manifestó que “la disparidad de interpretaciones en este tema demuestra que la controversia no puede resolverse por sí misma ni a través de acciones judiciales»
Añadió que «esto es muy preocupante, porque la diversidad de resultados para situaciones idénticas compromete la igualdad ante la ley. Es decir, deudores en igual situación de morosidad del CAE quedan sometidos a procedimientos distintos según el tribunal o sala que conozca su causa».
Afirmó que «es por eso que presentamos este proyecto de ley, para que se establezca una solución legislativa expresa, que fije con claridad el marco normativo aplicable”.
Junto a los diputados Montalva y Ulloa, también firman el proyecto de ley los diputados Raúl Soto, Andra Parra, Cristián Tapia, Carlos Carvajal, Carlos Cuadrado, Carlos Bianchi, Fernando Zamorano y Jaime Araya.
