El Tribunal Constitucional (TC) asesta este lunes un duro revés al Gobierno por acoger parcialmente el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición contra diversas disposiciones de la ley de Escuelas Protegidas. La sentencia declaró inconstitucionales varias de las normas más controvertidas del proyecto, al estimar que vulneraban derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile.
El requerimiento fue impulsado por diputados y diputadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD y el Partido de la Gente, quienes cuestionaron cuatro grupos de disposiciones por estimar que afectaban garantías como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
En uno de los pasajes destacados del fallo, el Tribunal sostuvo que su decisión busca «reafirmar la fuerza normativa de esos derechos, especialmente cuando sus titulares son niños, niñas y adolescentes», subrayando que ese principio orientó el pronunciamiento del órgano constitucional.
Normas inconstitucionales
Entre las disposiciones declaradas inconstitucionales figura aquella que obligaba a denunciar ante Carabineros o la PDI a estudiantes que se negaran a la revisión de mochilas y efectos personales cuando sus padres o apoderados no concurrieran al establecimiento. El Tribunal estimó que la medida no satisfacía los estándares de necesidad y proporcionalidad y que afectaba la vida privada, la libertad personal y el debido proceso de los estudiantes.
Asimismo, dejó sin efecto la prohibición de utilizar vestimentas o accesorios que promovieran o hicieran alusión a la violencia, las drogas o conductas delictivas; la calificación automática como «afectación grave de la convivencia» de determinadas interrupciones de clases; y la pérdida de prioridad para acceder a nuevos establecimientos educacionales respecto de estudiantes expulsados.
El Tribunal también declaró inconstitucional la inhabilidad por cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior respecto de personas condenadas por determinados delitos. A juicio del TC, la medida vulneraba la igualdad ante la ley, generaba una discriminación arbitraria basada en la capacidad económica y afectaba el contenido esencial del derecho a la educación, además de contrariar los principios de reinserción contemplados en la legislación vigente.
Oposición habla de «fracaso»
Tras conocerse la resolución, la jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, calificó el fallo como «un estrepitoso fracaso del Ministerio de Educación y del gobierno del Presidente Kast«. No obstante, sostuvo que la decisión no constituye motivo de celebración, pues, a su juicio, las comunidades educativas continúan sin una respuesta efectiva frente a los problemas de seguridad que enfrentan los establecimientos.
La parlamentaria añadió que la oposición ha presentado propuestas en esta materia, pero acusó falta de disposición del Ejecutivo para incorporarlas durante la tramitación legislativa, llamando al Gobierno a construir soluciones con mayor respaldo técnico y jurídico.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional obliga al Ejecutivo a revisar uno de los proyectos emblemáticos de su agenda en materia educacional y seguridad escolar, eliminando varias de las herramientas que el Gobierno consideraba esenciales para reforzar la convivencia en los establecimientos. El fallo reabre, además, el debate sobre los límites constitucionales que deben observar las políticas públicas destinadas a enfrentar la violencia escolar sin afectar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
