El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, confirmó que la oposición busca presentar la próxima semana una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
“Se va a presentar lo antes posible. Tiene que ser un trabajo jurídico serio y responsable. Espero que alcancemos a ingresarla la próxima semana, ese es el objetivo”, señaló el parlamentario.
Soto sostuvo que los cuestionamientos a la medida involucran responsabilidades políticas y constitucionales, además de consideraciones éticas por sus efectos sobre las víctimas y sus familias.
“Acá hay víctimas que son niños, hay familias, papás y mamás de esos niños que están siendo revictimizados por una decisión de este gobierno de rebajar condenas a pedófilos, a violadores, a abusadores. Eso es absolutamente inaceptable”, afirmó.
EXIGE LA SALIDA DEL MINISTRO
El timonel del PPD cuestionó la defensa que el Ejecutivo hizo de la medida ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y aseguró que Rabat deberá dejar su cargo.
“Como padre, no como diputado, me siento indignado y siento temor por estas personas que están sueltas. No me cabe ninguna duda de que esta decisión va a envejecer mal y que el ministro va a tener que dar un paso al costado”, sostuvo.
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Consultado sobre una eventual salida del titular de Justicia antes de la votación de la acusación constitucional, Soto indicó que la oposición evaluará ese escenario. Sin embargo, reprochó que hasta ahora el Gobierno no haya dado señales de hacer efectiva la responsabilidad política del secretario de Estado.
“Eso pone al Presidente Kast del lado de apoyar esa decisión, que tiene hoy a 56 personas altamente peligrosas en la calle y a las familias de nuestro país en riesgo. Hay responsabilidad del ministro y también del Presidente de la República”, advirtió.
El diputado agregó que, si el mandatario no solicita la renuncia de Rabat, el conflicto “podría incluso escalar hasta la Presidencia de la República”.
CUESTIONA LA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO
Frente a las comparaciones con decretos de administraciones anteriores, Soto sostuvo que existe una diferencia en la respuesta del Gobierno ante el otorgamiento de estos beneficios.
“En los gobiernos anteriores se defendió el principio de no otorgar ese beneficio, y fue el Poder Judicial el que, ante ese requerimiento, ordenó proceder”, afirmó.
Según el parlamentario, la actual administración no agotó las vías para cuestionar las rebajas de condena. “Este gobierno no impugnó, no requirió, no apeló. Simplemente se conformó y tomó una decisión política y administrativa, existiendo una ley expresa que prohíbe este tipo de beneficios para estos delitos”, sentenció.
Oposición anuncia acusación constitucional contra Fernando Rabat https://t.co/AqBZQQcrlM
— Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) October 28, 2026
