El cambio en la actuación del Programa de Derechos Humanos abrió un nuevo flanco en el cumplimiento de las condenas por crímenes de la dictadura. Según antecedentes publicados por Diario UChile, entre marzo y octubre de 2026 el organismo dejó de presentar alegatos en 29 audiencias sobre solicitudes de libertad o rebaja de penas.
La situación implica un giro respecto de la práctica que mantenía hasta marzo: sus abogados intervenían ante los tribunales para oponerse a estas peticiones. Tras el cambio de gobierno del 11 de marzo, el Programa no compareció o desistió formalmente de acciones que había presentado, de acuerdo con la publicación.
En ese contexto, cinco condenados por crímenes de lesa humanidad consiguieron salir anticipadamente de prisión. Otros dos obtuvieron la acumulación de sus penas, lo que también permitirá adelantar su excarcelación.
AUDIENCIAS SIN LA POSICIÓN DEL PROGRAMA
La ausencia de los abogados tiene una consecuencia concreta: los tribunales resuelven las solicitudes sin escuchar los argumentos del organismo estatal frente a los planteamientos de las defensas.
Entre quienes obtuvieron la libertad anticipada figuran César Manríquez Bravo, Héctor Osses Yáñez, Luis Palacios Torres, Héctor Flores Vergara y Jaime Müller Avilés, según los antecedentes difundidos por Diario UChile.
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La publicación también identifica los casos de Viviana Ugarte Sandoval y Walter Klug Rivera, quienes accedieron a la acumulación de condenas.
Paulina Zamorano, exjefa del Programa e integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, cuestionó el cambio de actuación institucional. A su juicio, estas decisiones facilitan la salida anticipada de responsables de graves violaciones a los derechos humanos y afectan tanto a las familias de las víctimas como al conjunto de la sociedad.
REBAJAS DE CONDENA POR VÍA ADMINISTRATIVA
Las decisiones judiciales no constituyen la única vía para reducir el tiempo efectivo de prisión. El reporte también aborda rebajas concedidas mediante decretos del Ministerio de Justicia, un procedimiento administrativo que no contempla una audiencia ante un tribunal ni la participación de los familiares de las víctimas.
Entre los casos mencionados aparecen el excabo de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete, el exfuncionario de la Fuerza Aérea Manuel del Carmen Cabezas Pérez y el exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo.
Respecto de este último, la publicación señala que el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, concedió una reducción de 19 meses.
Zamorano sostuvo que en los casos señalados no se han cumplido condiciones de colaboración con la justicia ni de entrega de información sobre el paradero de personas detenidas desaparecidas. También advirtió que estas medidas comprometen las obligaciones internacionales del Estado.
ORGANIZACIONES LLEVARÁN NUEVOS ANTECEDENTES A LA CIDH
La exjefa del Programa indicó que organizaciones de derechos humanos ya habían alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre medidas que calificaron como “indultos pasivos”.
Ahora, afirmó, deberán incorporar los antecedentes relativos a las reducciones de condenas.
El cuestionamiento apunta al papel del propio Estado en estos procedimientos: mientras el Programa de Derechos Humanos tiene entre sus tareas impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas, su falta de intervención en audiencias ha dejado sin sus alegatos decisiones relevantes sobre el cumplimiento de penas por crímenes de lesa humanidad.
@codepuchile Rebajas de condenas :los decretos se dictaron hace algún tiempo, todos los beneficiados ya están en libertad y han sido las investigaciones periodísticas las que han ido desenredando los hechos. Lo lógico es la renuncia del ministro https://t.co/Q5RsUxihEN https://t.co/84jx9yHYf9
— CODEPU (@codepuchile) October 28, 2026
