El presidente Donald Trump planea una radical transformación de la base naval de Guantánamo, en Cuba, para convertirla en un centro masivo de detención para migrantes ilegales.
Esta histórica instalación, que desde su apertura en 1903 ha sido escenario de numerosos sucesos polémicos, podría albergar hasta 30.000 migrantes interceptados, muchos de los cuales estarían siendo deportados tras haber ingresado ilegalmente a EE.UU. Este plan desató un debate sobre las implicaciones legales y humanitarias que conlleva.
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LA PROPUESTA DE TRUMP
El presidente estadounidense no ha dudado en defender su propuesta, argumentando que muchos de los migrantes interceptados son personas “tan malas que ni siquiera confiamos en que sus países los retengan”.
Según fuentes de la Fundación Heritage, la base de Guantánamo podría desempeñar un papel clave en la gestión de migrantes retornados, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. tendría que incrementar significativamente el número de camas disponibles. Actualmente, existen 16 bases militares en territorio estadounidense, pero la magnitud de este plan exigiría mucho más.
Desde la década de los 90, la base ha sido un punto de detención para miles de migrantes interceptados en el mar, principalmente cubanos y haitianos.
Sin embargo, la base se hizo famosa a partir de 2002 cuando el gobierno de George W. Bush abrió un centro de detención para “combatientes enemigos”, en su mayoría prisioneros sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. Hoy, apenas quedan 15 de los casi 800 prisioneros iniciales.
DENUNCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La idea de usar Guantánamo como centro de deportación masiva ha generado una ola de críticas de expertos en derechos humanos.
Hannah Flamm, directora interina del Proyecto Internacional de Ayuda para Refugiados (IRAP), advirtió que este sería un centro de detención fuera del territorio estadounidense, lo que implicaría la eliminación de protecciones legales básicas para los detenidos.
Para Flamm, casos como el de una familia cubana detenida en 2021, que pasó un año en Guantánamo bajo condiciones deplorables, ejemplifican los problemas que enfrentan los migrantes allí.
Informe de IRAP señala que las condiciones dentro de la base son inhumanas, con moho, agua contaminada, ratas y la ausencia de agua potable. Además, los migrantes carecen de privacidad para hablar con sus abogados, lo que viola su derecho a la defensa legal.
¿LEGALIDAD O DISCRIMINACIÓN?
La propuesta de Trump podría enfrentar múltiples recursos legales. Luis Cortés Romero, experto en derechos humanos, adelantó que se presentarían hábeas corpus para impugnar la legalidad de las detenciones, argumentando la falta de acceso al debido proceso y la detención indefinida.
Además, si los migrantes afectados son en su mayoría latinoamericanos, estos recursos podrían basarse en que la medida constituye discriminación racial, violando la Constitución de Estados Unidos.
Por su parte, Bill Frelick de Human Rights Watch criticó que Guantánamo se use como un espacio controlado y aislado para evadir las protecciones legales de los migrantes.
Frelick advirtió que el uso de detención prolongada e indefinida en un centro como este podría equivaler a tortura y violar derechos humanos fundamentales.
El futuro de Guantánamo parece ahora estar en juego, y Trump ha dejado claro que está dispuesto a usar esta instalación como una herramienta clave en su guerra contra la migración ilegal. Sin embargo, el impacto legal y moral de esta medida podría desatar nuevos desafíos en las cortes de justicia y en la arena política.
¿Qué piensas sobre esta propuesta presentado por Donald Trump para darle ese uso a Guantánamo?
