Ayer la Corte Suprema presentó al ministerio de Justicia una propuesta para modificar el proceso para el nombramiento de jueces y hoy la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados la calificó de «insuficiente».
Según su presidente, Alejandro Vera, “no cumple con las perspectivas de la Asociación de Magistrados, en el sentido de que no saca todo el sistema de nombramiento de juezas y jueces del Poder Judicial, ni tampoco desde el punto de vista político”.
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“Si bien recoge una serie de peticiones y también perspectivas que tenía la Asociación, en orden a que los órganos donde se va a radicar la gobernanza del Poder Judicial, o sea, en organismos de mayoría jueces, en estos mismos órganos tampoco se refleja la cero participación de entes o representantes de carácter político que, sin lugar a duda, podría generar influencias indebidas en el nombramiento de los jueces”, añadió en Radio Bío Bío.
LA PROPUESTA DE LA CORTE
En la propuesta entregada al ministro Luis Cordero la Corte se plantea separar las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial de aquellas que no lo son, como las administrativas.
Esto “a objeto que quienes imparten justicia se dediquen exclusivamente a dicha tarea”.
Respecto de los nombramientos para la judicatura, “se propone la creación de tres Consejos o Unidades macrozonales (zona norte, centro y sur del país) que tendrían a su cargo las respectivas funciones de nombramientos en sus correspondientes territorios, que ejercerán sus atribuciones de manera coordinada entre ellos y con el Consejo o instancia Nacional. Esta última, junto con tener atribuciones directas de alcance nacional, podría tener también la competencia para conocer vía reclamación de las decisiones de los Consejos o Unidades Macrozonales”, difundió La Tercera.
Sería competencia de los Consejos o Unidades Macrozonales lo referente a los nombramientos, traslados y permutas, “respecto de todas las personas que se desempeñan en los tribunales y unidades judiciales de sus respectivos territorios, salvo los ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones”.
Al Consejo o instancia Nacional le correspondería ejercer las funciones sobre nombramientos, traslados y permutas de los ministros y fiscales de las cortes de apelaciones, y elaborar las quinas para nombrar a los miembros de la Corte Suprema y su Fiscal Judicial.
También propuso que en los nombramientos de los ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema se mantenga la participación de los tres Poderes del Estado.
Para los supremos, los mencionados órganos deben tener una composición mixta (internos y externos a la judicatura), pero siempre con mayoría de integrantes de la judicatura.
TAREAS ADMINISTRATIVAS
El documento también plantea la necesidad de crear órganos autónomos que se encarguen de las funciones más administrativas, los cuales deberán tener, a juicio de los ministros, “personalidad jurídica y patrimonio propios, e idealmente dotado de autonomía constitucional”.
“La autonomía debiera ser de la esencia del o de los órganos, con independencia de la fórmula que se siga en su conformación –sea que esté alojado dentro o fuera de la estructura del Poder Judicial-”, se expone.
