La ofensiva contra el proyecto Escuelas Protegidas sumó un nuevo capítulo luego que diputadas y diputados de oposición presentaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar cuatro disposiciones de la iniciativa aprobada recientemente por el Congreso.
La acción fue impulsada por parlamentarios del Frente Amplio y respaldada por representantes del Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, independientes y el Partido de la Gente, quienes sostienen que varias de las medidas contempladas en la ley vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
CUESTIONAN REVISIONES DE MOCHILAS Y EFECTOS PERSONALES
Uno de los principales reparos apunta a la facultad que tendrán los establecimientos educacionales para revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes mediante sus reglamentos internos.
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Los legisladores argumentan que la norma carece de criterios legales precisos para determinar cuándo procede una revisión, cuánto tiempo pueden retenerse objetos y qué mecanismos de defensa tendrán los alumnos afectados.
RECHAZAN FACULTADES POLICIALES SIN ORDEN JUDICIAL
El requerimiento también busca invalidar la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones a registrar vestimentas y pertenencias de estudiantes dentro de los colegios sin una orden previa de un fiscal.
A juicio de los parlamentarios, esta medida equivale a extender mecanismos de control a menores de edad sin las garantías que contempla el ordenamiento jurídico, afectando derechos vinculados a la privacidad y la libertad personal.
DEBATE POR LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y GRATUIDAD
La presentación ante el TC también cuestiona la obligación de prohibir prendas o accesorios que hagan referencia a la violencia, drogas o conductas ilícitas. Según los diputados, la redacción es demasiado amplia y podría derivar en restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, conciencia y reunión.
Asimismo, impugnan la sanción que impide por cinco años acceder o mantener la gratuidad en la educación superior a personas condenadas por determinados delitos. Los recurrentes sostienen que la medida constituye una doble sanción y genera una discriminación socioeconómica, ya que afecta exclusivamente a quienes requieren apoyo estatal para financiar sus estudios.
Con esta acción judicial, la oposición busca que el Tribunal Constitucional revise la legalidad de algunos de los mecanismos más controvertidos de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas emblemáticas del Gobierno en materia de seguridad escolar.
