El Gobierno está claramente a la deriva. En apenas 70 días de gestión, la actual administración se ha convertido en un preocupante ejercicio de improvisación, purgas y fragilidad legislativa. Los pilares fundamentales del Ejecutivo parecen no existir en la realidad: no hay un plan de seguridad concreto y la megarreforma estructural ha sido duramente criticada por los órganos especializados.
La instalación de una nueva administración suele estar protegida por la mítica «luna de miel», ese periodo de gracia donde la ciudadanía y la oposición otorgan el beneficio de la duda. Sin embargo, el actual Ejecutivo ha pulverizado ese capital político en tiempo récord. Lo que debió ser una marcha blanca institucional se transformó en una tormenta perfecta que hoy amenaza con desmantelar su ya debilitada gobernabilidad en el Congreso.
Dos ministras, un subsecretario y una veintena de seremis
La caída consecutiva de las dos ministras de Estado peor evaluadas del gabinete, Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Segegob), en poco más de dos meses, no constituye un ajuste rutinario; es el síntoma inequívoco de un diseño defectuoso desde su origen. A esta sangría en el comité político se suma la dimisión del subsecretario Rafael Araos, gatillada por una abierta discordancia con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Por si fuera poco, se añade la salida forzada —en algunos casos camuflada bajo el eufemismo de «renuncia voluntaria»— de más de una veintena de secretarios regionales ministeriales (seremis) a lo largo del país.
Las peor evaluadas
La abrupta salida de Steinert de la cartera de Seguridad acredita que jamás existió un plan real en la materia, sino solo voladores de luces levantados durante la campaña. El cargo terminó utilizándose para vendettas personales y, ante la ausencia de una estrategia de fondo, se intentó validar a la ministra vistiéndola con «ropa ajena«: el Ejecutivo se adjudicó ante la prensa hitos policiales en los que ni ella ni el Gobierno tuvieron absoluta participación. Los bullados casos del secuestro de un empresario y los allanamientos con detenciones en Temucuicui jamás fueron obra de la ahora exministra, y mucho menos de La Moneda.
Similar fue el debut y despedida de Mara Sedini en la vocería de Gobierno. Su tránsito desde las polémicas declaraciones sobre un «Chile en quiebra» hasta una seguidilla de errores y horrores comunicacionales terminaron, inevitablemente, por pasarle la cuenta de forma prematura.
Este descabezamiento territorial y sectorial de seremis revela dos realidades igual de complejas: o existió una preocupante falta de prolijidad en el control de daños previo a los nombramientos (el clásico vetting), o el Ejecutivo carece de un diseño político de fondo, viéndose obligado a reaccionar mediante la técnica del ensayo y error. Gobernar las regiones no es un juego de cuotas partidarias de última hora; la salida en masa de seremis paraliza la gestión pública y posterga las urgencias ciudadanas bajo la excusa de una eterna instalación.
Ojo en el Senado
Si el panorama en el ala ejecutiva es turbulento, en el palacio legislativo el escenario roza el desastre estratégico. La posibilidad real de que los tribunales procedan con el desafuero de dos senadores oficialistas, Camila Flores (RN) y Ángel Calisto, no solo golpea la línea de flotación moral de la coalición, sino que altera de forma dramática el tablero del poder actual.
Perder la mayoría en el Senado —incluso por un estrecho margen— significa, en la práctica, hipotecar definitivamente la agenda de reformas estructurales prometidas en campaña. Un gobierno que no logra alinear ni asegurar la estabilidad judicial y política de sus propias huestes legislativas queda a merced de una oposición que sabrá hacer valer su nuevo peso específico, o bien, queda condenado a la parálisis institucional y a la constante negociación de mínimos comunes.
La improvisación como hoja de ruta
La velocidad de esta erosión política no tiene precedentes cercanos en nuestra historia reciente. No estamos ante el desgaste natural que produce el ejercicio del poder, sino ante una vulnerabilidad autoinfligida. La falta de elencos preparados, la desconexión profunda entre el diseño central y la realidad regional, y la incapacidad de prever crisis judiciales evidentes configuran el cuadro de una administración que parece estar aprendiendo a gobernar sobre la marcha, justo cuando el país exige certezas urgentes.
El Ejecutivo debe entender que el voluntarismo no reemplaza a la técnica legislativa ni a la disciplina política. De lo contrario, estos primeros 70 días no habrán sido el tropiezo inicial de una instalación compleja, sino el amargo prólogo de un gobierno administrado por la contingencia y carente de timón.
