El Gobierno no aplicó el protocolo de la Ley Karin en el Caso Monsalve porque -explicaron- la denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior se canalizó a través de la vía judicial.
“No existió ninguna denuncia presentada a través de canales gubernamentales, solo la interpuesta ante el Ministerio Público”, informó la cartera a través de una declaración pública.
La legislación entró en vigencia el 1 de agosto pasado y establece la obligación del empleador de suspender de sus funciones al acusado y proporcionar asistencia inmediata a la presunta víctima.
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NO HABÍA PROTOCOLO
Según publicó el diario La Segunda, cuando se conoció el caso -el 17 de octubre- aún no estaba implementado el protocolo al interior de la subsecretaría del Interior.
Eso, pese a que la Contraloría General de la República había puesto como plazo final para realizar el trámite el 1 de septiembre.
De acuerdo con el vespertino, recién hace dos días -el 19 de noviembre pasado- el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, completó la tramitación de los protocolos a través del decreto “Aprueba Manual de Procedimientos disciplinarios de la Subsecretaría del Interior”.
La defensa del Gobierno ante las críticas por no aplicar la Ley Karin en el Caso Monsalve es que se ordenó un sumario administrativo.
Además, “se remitió información a la víctima sobre los pasos a seguir para ser atendida en la Mutual de Seguridad, en caso de que acepte asistencia sicológica”, planteó una declaración del 19 de octubre.
“Todas las medidas han estado orientadas al cumplimiento de la ley y el prioritario resguardo de la víctima”, aseguraron.
LEY KARIN
La Ley Karin (21.643) establece que las relaciones laborales deben ser libres de violencia y con respeto a la dignidad de las personas.
Para su implementación modifica varios cuerpos legales, incluido el Código del Trabajo. La finalidad es fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
El texto define como conductas inaceptables el acoso sexual y laboral, y exige a los empleadores implementar protocolos de prevención y procedimientos claros para abordar estas conductas.
