El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra Simón Acuña y Tamara Vidal, funcionarios públicos del Gobierno Regional del Biobío, así como contra los particulares: Matías Godoy, Sebastián Polanco y Camila Polizzi, por fraude al Fisco.
La querella es también contra toda persona que resulte cupable ya sea por autoría, complicidad o encubrimiento, en la comisión del delito señalado u otro que acredite la investigación del Ministerio Público en el marco de los traspasos de dinero entr el GORE y Fundación En Ti.
El CDE presentó la acción ante el Juzgado de Garantía de Concepción y se funda en los antecedentes de la carpeta investigativa que da cuenta de una serie de acciones realizadas con el fin de defraudar el patrimonio del GORE, a través de la entrega de recursos a Fundación En Ti para la ejecución del programa «Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte». Lo anterior terminó con un perjuicio Fiscal de por lo menos $66 millones.
«URGENTE»
El CDE relata los hechos señalando que «en mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el GORE Biobío, que habría desarrollado junto a Polanco, con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), bajo el amparo de una fundación creada por Polizzi Fonseca, llamada Conce Solidario, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de un año, no alcanzando los dos años exigidos para poder postular».
«Por ello Polizzi habría buscado otra fundación, con la antigüedad necesaria, tomando contacto con Gerardo Silva Silva, presidente y fundador de la Fundación En Ti, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar», añade organismo.
A través de la Fundación y según recomendación de funcionarios del GORE, Polanco y Polizzi postularon y ganaron. No obstante, durante esa postulación y según consta los antecedentes revisados por el CDE, el proyecto fue calficado por Simón Acuña, jefe del Departamento de Desarrollo Social y Humano como «urgente», por lo que es «pertinente con los objetivos de la unidad informante y se solicita que se le dé prioridad en la revisión».
ACUÑA Y VIDAL
Acuña además se autodesignó como contraparte técnica parte para el seguimiento de la iniciativa, incluso sugiriendo de manera personal a Polizzi que se consiguiera una OTEC para su desarrollo. Es por ello que la querella del Consejo señala que «permite presumir que tenía el cabal conocimiento de que la fundación postulada no cumplía con las exigencias, esto es, que tuviera competencias en el área de la «capacitación», pero igualmente estimó pertinente la postulación de la fundación y le dio urgencia a la iniciativa para su aprobación».
Tras la firma del convenio entre el GORE y la fundación, Polizzi y Polanco buscaron una OTEC para concretar el trabajo, algo que se concertó con Matías Godoy para adquirir los derechos de la OTEC Sociedad Frumisal Ltda, tercerizando así la ejecución del programa.
Respecto a Tamara Vidal, se establece que fue nombrada como contraparte técnica del GORE Biobío «para efectos de control y seguimiento de la ejecución del programa», misma labor que se autodesignó Acuña.
El CDE estipuló que la funcionaria «no realizó la fiscalización que estaba llamada a cumplir para evitar la defraudación de los recursos fiscales, aun cuando estas irregularidades eran evidentes, y podía determinarse de la simple lectura de las rendiciones, que las actividades de capacitación no se estaban ejecutando».
