A La Moneda le llueve sobre mojado por responsabilidad de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a quien la Contraloría General de la República (CGR) le sesta un duro golpe por el caso de la exoneración de la exsubdirectora de la PDI, justamente en su momento más complejo desde que llegó al gabinete del Presidente José Antonio Kast.
Según reveló Ex-Ante, la Contraloría General de la República prepara un informe “poco amable” respecto del rol que tuvo la secretaria de Estado en el caso que terminó con la salida de la ex subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El punto crítico está en un oficio reservado enviado por Steinert al director de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de la llegada de Kast a La Moneda. En ese documento, la entonces ex fiscal de Tarapacá solicitó antecedentes sobre la redestinación de cuatro funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado que trabajaban en la investigación del Clan Chen, causa que ella había liderado como persecutora.
Cuadro políticamente delicado
El 1 de abril, la Contraloría ofició formalmente al Ministerio de Seguridad pidiendo explicaciones y otorgando un plazo de 10 días para responder. La salida de Consuelo Peña ocurrió solo una semana después del oficio enviado por Steinert.
Peña no era una funcionaria menor. Era la tercera autoridad jerárquica de la PDI, tenía 36 años de carrera institucional y había sido ratificada en el Alto Mando 2026.
La revisión de Contraloría se abrió tras una solicitud del diputado socialista Raúl Leiva, quien pidió determinar si Steinert tenía facultades legales para requerir información sobre una causa que había dirigido previamente como fiscal.
Cuando el río suena…
Fuentes oficiales y judiciales coinciden en que el pronunciamiento de la CGR será desfavorable para la ministra. Ya ha tenido revés institucionales en el caso de la ministra Lincolao, cuando aplicó erradamente la Ley de Seguridad Interior del Estado a estudiantes que lanzaron agua y consignas contra la ministra en Valdivia. Primero la Corte le quitó el piso y, luego, la Defensoría Penal Pública señaló que era ilegal lo que se había hecho.
El problema para La Moneda no es únicamente jurídico-administrativo. Es político e institucional.
Porque el caso instala una pregunta incómoda para un gobierno que ha hecho de la seguridad su principal bandera. Hasta dónde puede intervenir la autoridad política en decisiones internas de las policías sin tensionar la autonomía operativa de las instituciones.
Hasta ahora, Steinert ha negado haber influido en la destitución de Peña y el director de la PDI ha insistido en que la decisión fue exclusivamente suya. Sin embargo, el eventual reproche de Contraloría podría cambiar el eje del debate. Ya no sobre responsabilidades políticas indirectas, sino sobre posibles extralimitaciones administrativas.
Como se recordará, se asegura que Steinert siendo Fiscal de Tarapacá, tuvo un fuerte roce con Peña. Y que la razón de aquello fue precisamente la determinación de la ex policía de redestinar a cuatro funcionarios del equipo investigador de un caso de la fiscal. Uno de ellos, el subprefecto Mauricio Fuentes, era reconocido como un funcionario de mucha confianza de la entonces persecutora.
Mala evaluación
El momento además es especialmente complejo para la ministra. Steinert aparece como la segunda secretaria de Estado peor evaluada del gabinete, según encuestas. Además, en el Segundo Piso existiría una evaluación crítica de su gestión, particularmente en materia de control del orden público.
Incluso, desde partidos del oficialismo han disparado en contra de su falta de gestión. Al efecto, el diputado Republicano, El diputado Álvaro Carter lanzó una dura advertencia contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. “Se le está acabando el tiempo”, señaló en medio de crecientes cuestionamientos a la gestión en seguridad.
Sus problemas mayores han sido la falta de una política clara en materia de seguridad, la sequía legislativa ante el Congreso, no manejar los temas asociados a su ministerio, etc. Incluso desde la oposición, aseguran que la ministra «se rindió» ante el crimen organizado.
«Steinert está «caída»
Hay quienes incluso aseguran que «está caída» y que no hay tiempo para esperar dos años, como pretende para ver resultados.
En ese contexto, el informe de Contraloría amenaza con transformarse en algo más que un episodio administrativo. Puede convertirse en el primer gran cuestionamiento institucional al corazón del diseño de seguridad del gobierno.
Y eso ocurre precisamente cuando La Moneda necesita transmitir autoridad, coordinación y control político sobre una de las áreas donde más se juega su capital.
