La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que, en virtud de la revisión “del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas” cuando la primera dama, Pía Adriazola, apareció sirviendo almuerzos en el casino del Palacio de La Moneda.
Un requerimiento del diputado Daniel Manouchehri solicitó inspeccionar los “protocolos administrativos o instrucciones internas que regulen el ingreso de autoridades o visitantes a las dependencias del casino emplazado en el Palacio de La Moneda”. Pidió además revisar si estas acciones podrían haber implicado un incumplimiento de la normativa sanitaria, ya que la esposa del presidente no usó mascarilla, guantes ni cubrepelo, como disponen las disposiciones sanitarias para ese tipo de labores.
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El organismo fiscalizador revisó los informes de la dirección administrativa de la Presidencia de la República, la subsecretaría de Salud Pública, la secretaría regional ministerial de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública.
La dirección administrativa informó a la CGR que la de Adriazola fue una visita «espontánea» que coincidió con el bloque de almuerzos, mientras que la autoridad sanitaria aseguró que «no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos» y que no constató una vulneración a la normativa .»ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control y tampoco una afectación a las condiciones sanitarias del servicio».
TIRÓN DE OREJAS
Con todo, desde Contraloría hicieron presente que si bien por ley está obligada a ejercer en forma preferente sus atribuciones en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados, debe dedicarle tiempo y recursos.
Añadió que estos, «por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar un control eficiente y eficaz, de modo que, por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social».
