Condena a exconsejero constitucional republicano abre debate sobre ética pública y filtros de los partidos políticos.
La condena contra Sebastián Parraguez, exconsejero constitucional electo por el Partido Republicano en 2023, volvió a instalar una discusión que va más allá del ámbito penal: la responsabilidad ética de quienes ejercen cargos públicos y los estándares que deben exigir los partidos políticos.
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique lo declaró culpable de tres delitos de abuso sexual por sorpresa cometidos contra dos adolescentes, ambas alumnas del colegio Rupanic School de Alto Hospicio, donde se desempeñaba como profesor.
Abuso de poder
La Fiscalía de Tarapacá sostuvo que los hechos ocurrieron durante 2024, dentro del establecimiento educacional y también en un recinto comercial, aprovechando su posición de autoridad como docente. La lectura de sentencia fue fijada para el 7 de mayo y el Ministerio Público solicita una pena de cumplimiento efectivo superior a cinco años.
Pero el caso no impacta solo por la gravedad de los delitos acreditados hasta ahora en la sentencia, sino también por la figura del condenado. Parraguez no era un ciudadano anónimo: fue consejero constitucional durante el proceso de redacción de la propuesta constitucional de 2023, representando a la Región de Tarapacá bajo el pacto del Partido Republicano. Su rol lo convirtió en una figura pública con visibilidad política, exposición mediática y una representación institucional relevante.
No se trata de cualquier condena
Ese elemento cambia la dimensión del caso. Cuando una persona que ocupó un cargo de representación popular enfrenta una condena de esta naturaleza (independiente de tener recursos pendientes), no solo responde ante la justicia penal, sino también ante la confianza pública. La ciudadanía suele exigir mayores estándares éticos a quienes legislan, representan o aspiran a conducir decisiones institucionales.
Por eso, el impacto político resulta inevitable. El Partido Republicano informó que Parraguez ya se encontraba suspendido de militancia desde 2024 y, tras conocerse el veredicto condenatorio, solicitó formalmente su expulsión, señalando que estos hechos son “inaceptables”, especialmente al involucrar a menores de edad.
La responsabilidad partidaria
La discusión de fondo apunta a los mecanismos de control previo: qué tan rigurosos son los partidos al momento de levantar candidaturas, cómo reaccionan frente a denuncias graves y si existe verdadera responsabilidad política cuando quienes representan a una colectividad terminan enfrentando condenas judiciales.
Cuando un partido político nomina a una persona para un cargo de elección popular, no solo está presentando un nombre, sino que está avaluando y respaldando su idoneidad, valores y trayectoria ante la ciudadanía.
En democracia, el estándar para una figura pública no puede limitarse solo a no infringir la ley. También debe incluir integridad, confianza y responsabilidad frente a la ciudadanía. Cuando eso falla, el daño no es solo individual: también erosiona la credibilidad institucional.
