Hay momentos en que el malestar con la gestión gubernamental deja de disimularse en los pasillos y cruza francamente hacia el debate público. El reciente traspié legislativo del Ejecutivo con su reforma constitucional en seguridad pública —sumado a las duras y explícitas críticas que distintos referentes y académicos de la propia derecha han empezado a ventilar sin los filtros tradicionales— pone sobre la mesa un síntoma preocupante y ello ocurre cuando el voluntarismo amenaza el Estado de Derecho.
Esta tensión política y doctrinal se sostiene sobre cuatro nudos críticos respaldados por los propios actores del sector.
La improvisación técnica
El problema de fondo no se agota en el bochorno parlamentario de haber enviado un texto mal abrochado, sino en la carencia de equipos jurídicos robustos que respalden al gabinete. Como lo advirtió con dureza el editorial de El Mercurio, el episodio da cuenta de «una ansiedad en copar la agenda» que prioriza el rédito comunicacional por sobre la viabilidad técnica y jurídica de las normas.
El exdirector del Diario Financiero y actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias, en su habitual columna de opinión en el mismo medio, lanzó una frase categórica: «El proyecto de reforma constitucional es un error profundo. Su contenido es inaceptable, su oportunidad política es mala y sus opciones de ser aprobadas son nulas», remató.
Incluso desde la derecha más extrema, la del Partido Nacional Libertario, la senadora Vanessa Kaiser incluso puso en dudas que las materias de la reforma sean de orden constitucional y no legal: “Muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional. La pregunta es por qué políticamente se toma la decisión de elevarlo a nivel constitucional”, dijo a Radio 13C.
El fuego amigo
Lejos de la disciplina de trinchera tradicional, voces del mundo político afín han cuestionado abiertamente el diseño de la iniciativa. Figuras de la propia derecha y centroderecha han señalado sin ambages que el proyecto cojea no solo de sus bases técnicas. Advierten que la prisa legislativa y su liviandad no es un problema de la oposición, sino una incomodidad transversal ante el rumbo del Ejecutivo.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), afirmó sobre el proyecto que “este cambio enorme lo que está haciendo es poner el sistema cuesta arriba al propio Gobierno. Hay total disposición al cambio de agenda en seguridad, pero el cambio en seguridad, como está hoy día, no está bien planteado”, dijo en Radio Duna.
Agregó el también presidente de Evópoli, que “ha habido 26 votos parejos en general para las votaciones del Gobierno. Y creo que acá no estás juntando ni siquiera los 26 propios cuando necesitas 29”.
El cheque en blanco
El texto original incluye autorizaciones generales y carece de controles estrictos para decretar medidas intrusivas o cambios en el rol de las Fuerzas Armadas. Como han advertido diversos centros de estudios y académicos liberales-conservadores, esto abre la puerta a consecuencias impensadas que pueden terminar afectando las libertades públicas bajo la excusa de que la emergencia lo justifica todo.
Incluso el líder del ultraderechista PNL, Johannes Kaiser, advirtió que la limitación prolongada de garantías fundamentales representa “una deriva hacia un régimen con escasas credenciales democráticas”. El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó en una entrevista que, en las condiciones actuales, el partido no puede respaldar las reformas constitucionales en seguridad porque, a su juicio, dañan la institucionalidad.
Ni siquiera los pañales podrán salvar al parecer esta vez la reforma. El líder del PDG, Franco Parisi, llegó a afirmar que desde “la extrema derecha y la extrema izquierda quieren meterle mano a la Constitución”. El diputado de Evópoli Jorge Guzmán aseguró que la reforma propuesta “no es viable políticamente ni en cuanto al fondo (…) la extensión del estado de excepción y la facultad que se le entrega al Presidente de la República son ideas que atentan contra los principios constitucionales que priman en Chile”.
El peligroso precedente republicano
Existe una miopía peligrosa en asumir que las garantías individuales son un estorbo que solo protege al delincuente. La historia institucional demuestra que socavar los frenos y contrapesos estatales hoy es un búmeran: entregar atribuciones excepcionales sin resguardos deja la puerta abierta para que esas mismas herramientas caigan mañana en manos de administraciones con signos políticos completamente distintos.
Las urgencias de la ciudadanía exigen firmeza, desde seguro, pero jamás precipitación. Pretender resolver crisis complejas a punta de atajos improvisados no hace más que erosionar la propia institucionalidad que se dice defender. La diputada Ximena Ossandón (RN) dijo que está disponible para discutir constitucionalmente el combate al crimen organizado, pero que eso no significa habilitar cualquier mecanismo.
La directora de la Clínica Jurídica de la U del Alba, Macarena Carvallo, señaló a Pura Noticia respecto de las críticas que apunta a una «constitucionalización de la dictadura», que ello «es muy delicado, porque en el fondo estaría permitiéndole al presidente vulnerar la privacidad de las personas y sin pedirle permiso a nadie, sin que intervenga la judicatura tampoco, porque dejó fuera al Congreso y a los Tribunales de Justicia».
Kast no representa a toda la derecha
Al final del día, el trasfondo de esta crisis -sobre todo la generada en la propia derecha-, evidencia un espejismo político que vale la pena remarcar. El presidente Kast no es dueño de los votos que se le entregaron para llegar al poder.
En la primera vuelta, por su opción votó apenas el 23,93% de los electores, menos que en la elección de 2021, donde alcanzó el 27,91%, según Servel. Por lo que un poco más del 20% de la ciudadanía constituye su núcleo duro.
Con el 58,16% de la segunda vuelta, Kast y su sector duro cayó en la soberbia de creerse dueño de una mayoría social de la cual genuinamente no dispone, operando con una falsa sensación de hegemonía que hoy, frente a este tropiezo legislativo, se desmorona al comprobar que esa supuesta mayoría parlamentaria y ciudadana nunca fue tal, sino una simple y frágil circunstancia.
