Suena fuerte afirmar que la chabacanería se está tomando la diplomacia. Pero basta mirar los últimos acontecimientos que han involucrado a Chile para que resulte difícil evitar esa conclusión.
No se trata solo de las recientes controversias con Argentina. También está la particular forma en que el embajador estadounidense ha entendido su relación con nuestros últimos gobiernos. Y, mirando algo más atrás, tampoco fueron precisamente diplomáticas las reiteradas peroratas de Nicolás Maduro sobre Chile.
La chabacanería no tiene domicilio político. El problema comienza cuando el insulto, la provocación o la intromisión dejan de ser excepciones y empiezan a normalizarse como instrumentos de las relaciones entre Estados.
Milei: el elefante en la vidriería
El reciente Foro de Madrid realizado en nuestro país dejó algo más que las “incívicas” palabras del presidente argentino sobre sectores políticos chilenos y acontecimientos dolorosos de nuestra historia. Cuesta encontrar un precedente reciente de un jefe de Estado extranjero que, estando en Chile, haya intervenido en nuestro debate interno en esos términos.
Sobre el golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias, Javier Milei sostuvo que “el derrocamiento del comunista Allende en 1973 le permitió a Chile alcanzar una estabilidad y un crecimiento que lo convirtieron en la envidia en términos económicos de toda la región”.
También calificó el estallido social de 2019 como “una ola de violencia izquierdista sin precedentes”. Y no se quedó allí. Descalificó explícitamente a sectores de la izquierda chilena. Afirmó que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos” y calificó de “cáncer” la influencia de los movimientos progresistas.
No eran opiniones pronunciadas en Buenos Aires sobre la política argentina. Era el presidente de Argentina, en territorio chileno, interviniendo sobre nuestra historia, nuestros partidos y nuestros conflictos internos.
Las provocaciones australes
Pocas horas después llegó algo potencialmente más delicado. Tras la firma del cuestionado acuerdo Kast-Milei, el canciller argentino sostuvo que Argentina era un país “bicontinental y bioceánico”. La afirmación encendió inmediatamente las alarmas por sus posibles implicancias sobre el principio oceánico que históricamente ha ordenado las relaciones entre ambos países. Luego vino la aclaración. Pero la explicación terminó reafirmando buena parte de aquello que pretendía aclarar.
Después fue Patricia Bullrich. La exministra y actual senadora incluyó el “control del Estrecho de Magallanes” entre las prioridades estratégicas militares argentinas. También aclaró sus dichos. Dijo que se había equivocado al mirar el mapa y que quería referirse al canal Beagle.
Peor. Porque entonces las alternativas se reducen a una ignorancia impropia de quien habla sobre asuntos estratégicos o a una referencia todavía más delicada, considerando la historia de las pretensiones argentinas en la zona y los antecedentes contenidos en el Decreto 457.
Judd: el patrón de fundo
Si lo ocurrido con Argentina resulta preocupante, la conducta del embajador estadounidense Brandon Judd merece un capítulo propio. Desde su llegada ha impuesto una peculiar manera de entender las relaciones entre Estados.
Durante el gobierno de Gabriel Boric intervino públicamente en materias sensibles, entre ellas el proyecto de cable submarino con China y las sanciones impuestas por Estados Unidos a ministros y funcionarios públicos chilenos. Hubo protestas y declaraciones oficiales, pero el proyecto chino no prosperó y las sanciones permanecieron durante años.
Con José Antonio Kast podía esperarse una relación menos áspera. Sin embargo, los episodios no terminaron. Judd reveló públicamente que el actual ministro de Defensa había suscrito un compromiso estratégico de seguridad apenas asumió el cargo. Lo hizo después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, promoviera ante ministros latinoamericanos la iniciativa Escudo de las Américas.
Las imágenes hablan
El antecedente resultaba especialmente incómodo porque el ministro chileno había señalado previamente que Chile no era el patio trasero de ningún país. Pero faltaba algo más.
En una entrevista, Judd aseguró que organismos de inteligencia estadounidenses vinculaban de manera categórica a organizaciones de izquierda con los episodios de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019. La afirmación era de suma gravedad.
Cancillería lo citó y le solicitó los antecedentes y entonces apareció una versión bastante distinta. “Nosotros no realizamos una investigación independiente. Lo que hicimos fue revisar e investigar la información que salía de Chile”, explicó posteriormente. Es decir, la inteligencia estadounidense que había invocado terminó convertida en una revisión de información producida en Chile.
Y Judd salió de Cancillería como había entrado: manos en los bolsillos y sin una carta formal de protesta. La reunión, según se explicó, ni siquiera tenía por objeto reprocharle sus declaraciones, sino solicitarle los antecedentes.
El Gobierno: mutis por el foro
Y aquí aparece el verdadero problema. Milei interviene sobre nuestra historia y nuestra política interna. Autoridades argentinas realizan afirmaciones que afectan materias especialmente sensibles para Chile. El embajador estadounidense formula imputaciones políticas y después no aporta la investigación de inteligencia que inicialmente parecía respaldarlas.
¿Qué hace Chile?
La sucesión de silencios instala inevitablemente una pregunta: ¿está condicionando la afinidad ideológica la respuesta diplomática chilena? José Antonio Kast mantiene una estrecha cercanía política con Javier Milei y ha manifestado reiteradamente su admiración por Donald Trump. Eso, por supuesto, pertenece al ámbito de sus legítimas preferencias políticas.
Pero cuando se ejerce la Presidencia de la República hay otra lealtad que precede a las afinidades ideológicas: la defensa de los intereses permanentes del Estado. La pregunta no surge solamente desde quienes se oponen al Gobierno. Las encuestas posteriores a la controversia por el Estrecho mostraron una extendida preocupación ciudadana frente a las pretensiones que pudiera tener Argentina y críticas a la forma en que las autoridades chilenas enfrentaron el episodio.
Entonces aparece una paradoja difícil de soslayar. Un sector político que ha levantado durante años las banderas de la soberanía, el patriotismo y la defensa del interés nacional parece extraordinariamente tolerante cuando quien cruza la línea es un aliado ideológico.
La banderita en la solapa no basta.
Cuando las formas importan
Chile ha sostenido históricamente como uno de los principios de su política exterior la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el respeto a la autodeterminación. No es una exquisitez jurídica ni una regla de urbanidad internacional.
La diplomacia exige formas porque las formas permiten administrar desacuerdos entre Estados sin transformarlos en conflictos. Para eso existen los canales diplomáticos, las notas de protesta, las explicaciones oficiales y, cuando corresponde, las rectificaciones.
La chabacanería comienza cuando todo aquello es reemplazado por el insulto, la provocación, la bravata y una posterior “aclaración” destinada a explicar que aquello que todos escuchamos no era exactamente lo que quisieron decir.
Pero existe algo todavía peor: acostumbrarse. Porque el problema no es que la diplomacia haya dejado de usar corbata. Es que parece haber dejado de reconocer límites. Y cuando quien debe exigirlos calla porque el que los cruza es un amigo político, ya no estamos hablando de buenos modales. Estamos hablando de soberanía.
