El acuerdo duró menos de lo esperado. Lo que durante semanas fue presentado como una señal de apertura al diálogo terminó quebrándose cuando el Ministerio de Hacienda modificó unilateralmente uno de los pilares de la negociación tributaria: la rebaja del impuesto corporativo desde el 23% al 22%.
La decisión provocó la inmediata reacción de los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, quienes anunciaron que retiraban su respaldo a la cláusula de invariabilidad tributaria, acusando al Ejecutivo de haber alterado las condiciones pactadas una vez concluida la negociación.
Sin embargo, la controversia trasciende el debate técnico sobre porcentajes. Lo ocurrido parece reflejar un cambio en la estrategia política del Gobierno ¿Qué cambió para que un acuerdo construido durante semanas dejara de tener valor en cuestión de horas? La respuesta parece encontrarse menos en la discusión tributaria que en el cambio del escenario político e institucional.
Cuando los votos eran indispensables
El Ejecutivo dedicó varias semanas a construir una mayoría que no tenía asegurada. Para ello abrió una negociación con senadores de la centroizquierda, particularmente del PPD. Tres de ellos aceptaron dialogar sobre uno de los aspectos más sensibles de la denominada megarreforma tributaria. La invariabilidad.
En ese momento el gobierno no tenía asegurada la mayoría en el Senado, pues se sabía que el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto era altamente probable antes de la votación. Por otro lado, al anunciarse que la oposición iría al Tribunal Constitucional, el cálculo gubernamental era que habían perdido en el proyecto escuela segura, por el voto dirimente de quien oficiaba de presidenta.
Dos hechos alteraron ese escenario casi simultáneamente. El primero fue el cambio de presidencia del Tribunal Constitucional, donde este lunes asume María Pía Silva en reemplazo de Daniela Marzi. El segundo fue la reapertura de la investigación que dejó sin efecto, por ahora, la audiencia de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, despejando la incertidumbre sobre su participación en la votación.
El «peso de la historia» y el voto dirimente
El peso de la historial: Si se produjera un nuevo empate, correspondería a la presidenta ejercer el voto dirimente, pues no ha cambiado la composición del tribunal, solo cambió la testera. Y, ¿Por qué se cree que el cambio de Silva ayudaría al gobierno? Pues porque hasta el momento ha votado con la derecha en materias económicas y valóricas, pero no en derechos sociales.
En el Proyecto Escuela Protegida que fue rechazado por el TC con el voto dirimente de la expresidenta, Silva estuvo por la constitucionalidad de tres de los artículos. Votó junto a los ministros de derecha (3) Peredo, Mery y Fernández.
El voto en el Senado: Para los senadores PPD, su acción, repudiada en la oposición y en su propio partido, no fue gratuita. Los tres parlamentarios asumieron un evidente costo político dentro de su sector al respaldar una fórmula que permitía avanzar en la invariabilidad tributaria, defendiendo públicamente que el acuerdo aumentaría la recaudación mediante una sobretasa de 1,5% sobre una base de impuesto corporativo de 23%. Esa era precisamente la condición que, según denuncian ahora, fue modificada unilateralmente por Hacienda.
El costo de una negociación frustrada
Araya, Celis y Carvajal sacaron la tarde del viernes una declaración pública en la que sostienen que el Gobierno «movió la mesa a escondidas». Se redujo así la capacidad recaudatoria del acuerdo y vulnerando la buena fe con la que participaron en las conversaciones. Añaden que no respaldarán una fórmula que, a su juicio, desmantela completamente lo convenido.
Más allá de la votación específica y de la buena fe o inocencia o no de los negociadores, el episodio deja una consecuencia política inmediata. Los tres parlamentarios asumieron el costo interno de diferenciarse de una parte importante de la oposición para construir un entendimiento con Hacienda. Ese costo permanece. El acuerdo, en cambio, desapareció.
Con ese nuevo escenario, el Ejecutivo dejó de enfrentar las mismas urgencias políticas que existían al inicio de la negociación. Si el margen parlamentario mejoraba y el escenario ante el Tribunal Constitucional aparecía menos incierto, mantener las concesiones realizadas durante el diálogo dejaba de tener el mismo valor estratégico.
Los costos del gobierno
La señal también proyecta efectos hacia futuras negociaciones legislativas. Si quienes aceptan abrir espacios de diálogo concluyen que las condiciones pueden modificarse una vez alcanzado el entendimiento, la confianza política —insumo indispensable para cualquier gobierno sin mayorías propias— inevitablemente se resiente.
En ese sentido, el fracaso del acuerdo puede terminar siendo más significativo que la propia diferencia entre un 22% o un 23% de impuesto corporativo. Lo que queda en discusión ya no es solo una fórmula tributaria, sino la credibilidad de los acuerdos políticos sobre los cuales el Ejecutivo pretende construir el resto de su agenda legislativa.
