La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fiscal nacional, Ángel Valencia, entregar información sobre las veces que ha invocado la normativa que le permite designar fiscales regionales bajo su criterio.
La decisión se originó tras un recurso de ilegalidad presentado por la abogada Karinna Fernández, quien cuestionó la falta de transparencia en estos procesos.
Lea también: Fiscal Valencia por casa de Allende: «no hay nadie por sobre la ley»
Con este fallo, la Fiscalía Nacional deberá explicar sus criterios en la designación de fiscales regionales, respondiendo a las dudas sobre un posible uso discrecional de esta facultad.
La Quinta Sala del tribunal resolvió que la Fiscalía Nacional debe proporcionar los antecedentes en un plazo de 15 días, argumentando que esta información no está resguardada por reserva y que su divulgación no entorpecería el funcionamiento del organismo.
USO DE FACULTAD EXCEPCIONAL
El artículo 19 de la Ley 19.640, que regula el Ministerio Público, establece que el fiscal nacional puede designar a un fiscal regional para asumir investigaciones en casos de alta gravedad o complejidad.
Sin embargo, críticos aseguran que esta facultad se utilizó con mayor frecuencia bajo la administración de Valencia, sin que siempre queden claros los fundamentos de cada decisión.
Fernández, quien fue candidata a fiscal nacional en el concurso pasado, argumenta que el uso de esta prerrogativa debe ser excepcional y no convertirse en una práctica habitual. Con el acceso a la información, busca esclarecer si los traslados de causas responden a razones fundadas o si son arbitrarios.
IMPACTO EN LA PERSECUCIÓN PENAL
La designación de fiscales regionales fuera de su jurisdicción genera dificultades prácticas en la tramitación de los casos, ya que obliga a los fiscales a trasladarse y litigar en tribunales fuera de su región. Esto también implica costos adicionales y podría afectar la eficiencia en la persecución penal.
Algunos ejemplos recientes de cambios en la dirección de investigaciones incluyen el caso Convenios, asignado al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios; la investigación por tráfico de influencias del caso Topógrafo, que quedó en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich; y la fallida venta de la casa de Salvador Allende, que pasó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
CRÍTICAS
Al respecto, Fernández ha señalado que la negativa del Ministerio Público a entregar información responde a una política institucional de ocultamiento en la actual administración.
Además, plantea dudas sobre si algunas de estas reasignaciones están vinculadas a casos en los que Valencia tuvo participación como abogado privado antes de asumir el cargo.
El fallo de la Corte no solo representa un avance en la transparencia del Ministerio Público, sino que también expone falencias en el acceso a la información.
Con este fallo, la Fiscalía Nacional y Valencia deberán explicar sus criterios en la designación de fiscales regionales, respondiendo a las dudas sobre un posible uso discrecional de esta facultad.
